Nota de Opinión. Transición energética, reconstrucción económica, nueva gobernanza

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Ya nadie se atreve a dudarlo: la crisis del cambio climático es el principal reto para asegurar el futuro de los ecosistemas urbanos y naturales, el progreso económico y la cohesión social. Hoy sabemos cuál es la situación crítica de la que partimos y sabemos también allí dónde debemos llegar. En la línea de lo que han apuntalado los Acuerdos de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos que asumir que no hay marcha atrás en el Objetivo 2030-2050. Pero a la vez sabemos que aún se está definiendo cuál es la mejor manera para conseguir lo que se ha convertido en una prioridad global absoluta.

Desde el Círculo de Economía, con modestia, pero con responsabilidad, queremos participar de un debate que consideramos trascendental y que no puede ser abordado con medidas cortoplacistas. Desde nuestro compromiso como sociedad civil, queremos aportar ideas constructivas para llevar a cabo una transición energética que debe ser justa, rápida y efectiva. Afirmamos con convicción que esta transición no solo es socialmente obligada, sino que, al mismo tiempo, creemos que es una oportunidad para la economía de nuestro país. Defendemos que la mejor solución tiene que integrar múltiples dimensiones, variables y medidas, algunas de ellas impopulares pero necesarias, para abordar con éxito los compromisos de la descarbonización. El enfoque es y será sistémico. Solo así seremos capaces de captar la inversión que requerirá dicha transición. Nadie debe quedarse fuera y todo el mundo -ciudadanos, empresas, gobiernos, organizaciones multilaterales- tiene su papel.

Con esta convicción impulsamos la Comisión Green Deal. Después de una serie de reuniones de trabajo, la Comisión concluye su tarea con la presentación del informe Retos y oportunidades en la transición hacia un modelo socioeconómico sostenible. En este documento, que incluye un catálogo de recomendaciones, se afirma que “la próxima década es clave” y se hace esta llamada colectivo: “tenemos una oportunidad única para conseguir un cambio real mediante la acción. La ambición y la convicción tienen que guiar nuestros pasos.”. Sincronizados con este planteamiento, queremos hacer nuestra aportación. La queremos hacer precisamente ahora porque se están definiendo escenarios de futuro que determinarán cómo nos posicionamos como país, y cómo nos definimos como sociedad. Cuando miremos atrás dentro de diez años, veremos reflejado los resultados, o las consecuencias, de decisiones que se tomarán a lo largo de los próximos meses.

Nuestro futuro pasa por la toma de decisiones a todos los niveles. De la escala local a la global. Son decisiones que empiezan en Barcelona y que tienen que ser efectivas y eficientes y contar con un mayor apoyo ciudadano. Sabemos que el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, del que el Círculo de Economía es una de las instituciones promotoras, avanza en la definición de las misiones que integrarán el Compromiso Metropolitano 2030. Nos parece un acierto que uno de los pilares de este nuevo Plan sea la denominada Metrópoli Resiliente, pilar desde el que se piensan acciones para hacer de la Región Metropolitana un territorio que sepa responder a la emergencia climática y ambiental. También valoramos positivamente la aprobación en las Cortes de la primera ley de cambio climático y transición energética. En el texto aprobado se establece que en el 2030 habrá una reducción del 23% en la emisión de gases de efecto invernadero con respecto a 1990 o que en 2040 dejarán de fabricarse coches de combustión. Asimismo en la nueva ley se establece que en 2030 el 74% de la electricidad se generará con fuentes renovables y este porcentaje llegará al 100% en 2050, el año en el que deberá conseguirse la neutralidad climática según la hoja de ruta de la Unión Europea

Porque a escala europea también se está avanzando en esta dirección. Hay unos objetivos, un plan y también hay financiación para implementar la transición. En breve se decidirán qué proyectos de transformación industrial encaminados con la descarbonización como prioridad se apoyarán en el marco del Pacto Verde Europeo y los Fondos Next Generation UE. Estos Fondos representan una oportunidad única y necesaria para canalizar recursos hacia la transición energética. A la hora de su asignación al Gobierno le pedimos transparencia, un plan estratégico claro, apostando por la colaboración público-privada para invertir en innovación hacia un modelo híbrido en soluciones, priorizando los criterios estratégicos y de productividad. El coste de oportunidad de no canalizar de forma eficiente los Next Generation, como ya hemos señalado en otras ocasiones, puede ser muy alto.

Es la hora de impulsar las acciones que evidenciarán cuál es la apuesta institucional para construir un modelo de futuro que será sostenible o no será.

Si se asume la magnitud del reto que conlleva la crisis del cambio climático, que interpela a la política y también al sector empresarial y a todos los ciudadanos, habrá que aceptar cambios de modelo de vida, economía y gobernanza. Cambios que no tienen que buscar un decrecimiento utópico sino crecer de manera próspera, sostenible y que sea garantía de equidad. Las administraciones tienen que legislar para incentivar y potenciar los bienes y servicios producidos por la economía circular y también tienen que dar ejemplo haciendo que sean sostenibles las compras públicas; las empresas tienen que adaptar el modelo de negocio al nuevo contexto, dedicando a la innovación y aprovechando ahora la gran oportunidad de los Fondos Next Generation; y los ciudadanos deben concienciarse para que su consumo sea responsable, apostando claramente por los bienes y servicios de la nueva economía circular. Al tiempo que debe actuarse con audacia y decisión, hay que huir también de planteamientos dogmáticos y precipitados que pueden perjudicar una competitividad sin la cual no hay cohesión social.

Estos cambios en profundidad, si no se hacen ahora, deberán hacerse más adelante, pero no solo será tarde, sino que además serán mucho más costosos. No tener en cuenta el riesgo climático es ya hoy un riesgo de inversión. Las empresas deben asumir compromisos muy ambiciosos, los inversores exigir que se cumplan y, si queremos alcanzar los objetivos establecidos en los ODS, esperemos que los consumidores acompañen en este recorrido. Consideramos que la mejor manera de hacer estos cambios lo más rápido posible y con un coste menos traumático es situando la innovación en el centro de la agenda política y empresarial. Si la lucha contra el cambio climático tuviera que hacerse únicamente con la tecnología que tenemos hoy a nuestro alcance, el cambio de modelo productivo sería más lento y caro. Por consiguiente hay que concentrar recursos en la innovación con el objetivo de que nuestro tejido productivo disponga de la tecnología de frontera y, en última instancia, para que pueda ser pionera en más ámbitos. Tenemos que acelerar el cambio de modelo energético y, simultáneamente, vincularlo a un proceso productivo más eficiente.

Para hacerlo posible, pues, los gobiernos tienen que premiar la inversión en innovación impulsada por las empresas y crear un entorno regulador favorable y flexible. Cada vez son más las compañías que ya están implementando estos cambios, que a menudo exigen una transformación integral del modelo de negocio y de la cultura corporativa, y es necesario que les sea reconocido. Por ello el marco institucional y normativo debe facilitar que el aprendizaje y las capacidades tecnológicas de estas empresas se extienda lo más rápidamente posible al conjunto del tejido productivo. Además, el sector público tiene que ser ejemplar y parte de la transformación. De la misma manera debe apoyarse la investigación universitaria porque, como vértice del conocimiento generado por la alianza público-privada, es un vector clave para la penetración de nueva tecnología en procesos productivos de las empresas y de la sociedad.

Las empresas tienen que implementar el cambio de modelo y el liderazgo del cambio debe ser político. Es de las grandes potencias y la Unión Europea, que es una de ellas, ha propuesto su propia estrategia a través del Pacto Verde. Entendemos que el gobierno español debe influir en la ejecución de esta propuesta y a la vez, al distribuirse los fondos de reconstrucción de manera estratégica, tienen que apostar por los proyectos empresariales con capacidad transformadora en la línea de la sostenibilidad y al mismo tiempo permitan crear empleo de calidad.

Entendemos que esta misma ambición deberá su translación en la gobernanza de la Generalitat. Si la apuesta por un modelo de economía sostenible es un aspecto definidor del nuevo gobierno, como explicitó el candidato a la presidencia durante el primer debate de investidura, es necesario que se ejerza el liderazgo que implica la toma de decisiones complejas y que tanto hemos echado en falta durante los últimos años. Hay datos concluyentes, quizá uno más que cualquier otro: Catalunya es la última comunidad autónoma española en producción de energías renovables. No se ha avanzado en la dirección que fijaba la misma Llei de Canvi Climàtic aprobada en el año 2017. ¿Qué sentido tiene, pues, impulsar nuevas moratorias que frenan incluso más la posibilidad de un cambio de modelo? La transformación económica del país necesita que las industrias dispongan de energía verde a la menor distancia posible a fin de que su producción sea sostenible. No habrá transformación sin un cambio energético.

En la cuestión de la energía y el cambio climático no hay atajos. Debe plantearse un debate público riguroso y honesto, y hacen falta políticas. Por eso recomendamos que el nuevo gobierno tenga una Conselleria de Transició Ecològica con rango de vicepresidencia con el fin de poder hacer una política de transformación integral en esta dirección. Y lo que quizá sea más importante, que sea encabezada por una persona de trayectoria reconocida y con autoridad en la materia.

No es momento ya para repartir sillas con fines partidistas obviando uno de los principales retos a los que se enfrenta el país. Un paso como el que proponemos permitiría sensibilizar a la ciudadanía, actuar como facilitador para las empresas, otorgar a la investigación un papel medular y, a la vez, ayudaría a tener una presencia relevante en todos los foros donde se toman decisiones sobre el cambio de modelo energético. Debería ser esta vicepresidencia, en virtud del rango y sus competencias, la que tendría la doble responsabilidad de diseñar y coordinar de manera transversal y con autoridad la Ley de la Transición Energética de Catalunya y, después de años perdidos, acelerar las políticas que favorezcan las energías renovables.

Desearíamos que la cuestión de la transición energética fuera uno de los grandes debates del presente. Debe comprometer a ciudadanos, empresas y gobiernos. Y tenemos que asumir que lo que está en riesgo es el futuro de la humanidad y del planeta. De nada servirá que gobiernos, empresas y ciudadanos europeos hagamos los deberes climáticos si a nivel global no contribuimos a desactivar la cultura del antropoceno que hemos puesto en marcha culturalmente desde Europa a partir de la revolución industrial y la dialéctica que hemos inoculado en todo el planeta sobre las tesis de modernización. Una diplomacia climática de colaboración y cooperación tiene que conseguir convencer al conjunto del planeta de un cambio de modelo de crecimiento. Si no lo logramos, los efectos del cambio climático nos seguirán golpeando, y cada vez más.

Barcelona, 16 de abril de 2021

Nota de Opinión. Transición energética, reconstrucción económica, nueva gobernanza

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