La crisis económica, que afecta con especial crudeza a los países meridionales de la zona euro, es de tal intensidad y duración que no sólo conlleva las consecuencias propias de una caída de la economía – en forma de paro, recesión y deuda- sino que también descompone la política y altera la convivencia ciudadana. Bajo formas diversas, es el caso de Grecia, Italia, Portugal, o España. Por ello, podríamos pensar que los males que nos afectan son únicamente consecuencia de la crisis económica. Pero nos equivocaríamos.
En nuestro caso, la crisis deja al descubierto una realidad que se venía incubando desde hace años: el agotamiento político e institucional de la ya larga etapa que iniciamos a mediados de la década de los 70.
Las manifestaciones de este fin de ciclo son de variada naturaleza. La sucesión y coincidencia de diversos casos de corrupción política, de especial gravedad, es una de ellas. Esta corrupción ha generado una intensa y generalizada alarma social, que tiende a responsabilizar al conjunto de la actual clase política de todas nuestras dificultades. Pero ello no es así, la corrupción ni es generalizada ni puede atribuirse exclusivamente a la política. Además, podemos hallar otras muestras de ese final de ciclo en el cuestionamiento social de una buena parte de nuestras instituciones políticas, administrativas y judiciales, tal como manifiestan las encuestas de opinión y otros indicadores.
