Catalunya se encuentra a pocas semanas de una jornada electoral que cerrará una legislatura y un periodo de gobierno que han estado marcados por dos hechos históricos: la crisis económica, de carácter global pero con causas también propias, y el proceso de revisión del nuevo Estatut que ha centrado y condicionado decisivamente la política catalana.
Finalmente, la sentencia del Tribunal Constitucional rehusó una parte del texto aprobado por los Parlamentos catalán y español y, posteriormente, sancionado en referéndum por los ciudadanos de Catalunya después de un tortuoso camino de pactos.
Con el proceso y la sentencia se percibió la ruptura de algo entre Catalunya y España.
Y esta percepción afecta al Pacto Constitucional o, dicho de otro modo, a la confianza que había permitido sostener este pacto a lo largo de más de 30 años, a veces en situaciones muy delicadas.
En Catalunya hay un malestar extendido y una idea creciente de trato injusto por parte de España, tanto económico como en la falta de reconocimiento de sus legítimas aspiraciones, que lastran el progreso del país. Todo ello hace aumentar el distanciamiento respecto de España de una parte importante de la ciudadanía catalana, haciendo crecer la mutua desafección en unos momentos en los que todos estamos afrontando una crisis económica de gran relevancia y profundo impacto.
