La presión sobre el sistema fiscal español se intensificará en los próximos años. La necesidad de reformarlo es creciente, tanto para mejorar la competitividad del tejido productivo como para hacer frente a las presiones sobre el gasto público.
Desde el Cercle d’Economia proponemos el ciclo “Fiscalidad en España: Diagnóstico y Propuestas de Mejora” para analizar a fondo la situación del sistema fiscal, identificar espacios de mejora y analizar cómo España se compara con otros países de referencia, con un enfoque especial también en Cataluña, con el objetivo de contribuir a un sistema más eficiente, justo y sostenible.
El ciclo consta de tres sesiones que se centrarán en ofrecer una visión general y comparativa del sistema fiscal español, abordar la reforma de la fiscalidad personal y su impacto redistributivo, y finalmente tratar la fiscalidad y competitividad empresarial en el contexto de la economía digital y sostenible.
En la primera sesión del ciclo se ofreció una radiografía general del sistema fiscal español abordando:
Para ello, se invitó a expertos de reconocido prestigio nacional e internacional: Michelle Harding, Senior Advisor del Centre for Tax Policy and Administration de la OCDE; Raymond Torres, director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas; y Alain Cuenca, director general del Instituto de Estudios Fiscales. Oriol Aspachs, director de Economía Española de CaixaBank Research y secretario técnico del Cercle d’Economia, fue el encargado de moderar la sesión.
Según los datos presentados, España registra una presión fiscal del 36,7% del PIB, superior a la media de la OCDE (34,1%) pero aún por debajo de la media europea (39,6%). El incremento observado en los últimos seis años, de 2 a 3 puntos porcentuales, se ha producido principalmente por el aumento del IRPF, como consecuencia de la no deflactación de las tarifas, y refleja la tensión entre financiación del gasto público y sostenibilidad económica.
El tax wedge sobre los trabajadores españoles llega al 40,6%, por encima de la media OCDE, con una carga especialmente elevada sobre rentas bajas. Según Harding, esta estructura puede desincentivar la participación laboral y tiene un efecto especialmente intenso en las familias monoparentales con bajos ingresos, mientras que las cotizaciones sociales del empresario son de las más altas de la OCDE, incidiendo en la competitividad empresarial.
En cuanto al IVA, Cuenca destacó que España recauda menos del 50% de su potencial, con una ratio de recaudación del 49% frente al 60% de la media OCDE, principalmente por tipos reducidos y superreducidos. El experto señaló que eliminar todos los tipos reducidos habría generado 17.000 millones de euros adicionales en 2020, recursos que podrían compensar a los hogares de rentas medias y bajas sin incrementar la regresividad del sistema.
Durante la sesión, Torres subrayó la necesidad de medir la eficiencia del sistema fiscal según tres dimensiones: el impacto sobre la economía, el uso adecuado de los recursos disponibles y la suficiencia de los ingresos para sostener el gasto público. A pesar del incremento de ingresos de los últimos años, principalmente por impuestos directos como el IRPF, España sigue aproximadamente dos puntos por debajo de la media de la eurozona, con brechas significativas en IVA y cotizaciones sociales.
Los expertos coincidieron en que el sistema no puede continuar en la misma trayectoria. Según Harding, el impuesto sobre la renta personal es la fuente más importante de progresividad, pero más progresividad puede implicar tipos marginales que desincentiven la participación laboral. Cuenca añadió que los impuestos indirectos y la revisión de exoneraciones y deducciones podrían ser vías naturales para generar recursos adicionales sin perjudicar la redistribución. También señaló la importancia de adaptar el IVA al contexto del turismo y sectores como restauración y alojamiento, ajustándolo progresivamente hacia la media europea.
El envejecimiento demográfico añade presión sobre la base tributaria, especialmente en pensiones y cotizaciones sociales, mientras que la inversión pública, a pesar de crecer hasta el 4% del PIB gracias a fondos europeos, ha tenido un efecto limitado sobre la inversión privada. Según Torres, esto refleja factores como la incertidumbre empresarial y la complejidad para acceder a recursos europeos.
La primera sesión del ciclo confirma que España necesita una reforma fiscal integral que equilibre sostenibilidad, equidad y competitividad. El objetivo será crear un sistema más eficiente y justo, capaz de financiar inversión, infraestructuras y protección social en un contexto de presión creciente sobre los recursos públicos y de cambios demográficos y económicos profundos.
