El Cercle d’Economia, junto con CIDOB, ofrece cada mes un análisis breve de la situación geopolítica global.
Las claves geopolíticas de este mes son un resumen del documento colectivo de CIDOB "El mundo en 2026: diez temas que marcarán la agenda internacional", coordinado por Carme Colomina, disponible aquí y ampliado con la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y las amenazas sobre Groenlandia.
Venezuela y Groenlandia: escenarios del nuevo imperialismo estadounidense. Trump hace lo que dice. La sacudida global que representó la captura y traslado a una cárcel de Brooklyn de Nicolás Maduro es la prueba más clara de que Trump persigue un nuevo imperialismo en el continente americano (la denominada doctrina Donroe) y que los postulados de la Estrategia de Seguridad Nacional no son palabras vacías. Trump solo reconoce la legalidad y los intereses nacionales, y no tiene respeto alguno por las normas básicas de la coexistencia internacional, enhebradas en la soberanía de las naciones. La operación contra Maduro para ser juzgado en Nueva York por narcoterrorismo y bajo el marco legislativo estadounidense se realizó sin tener en cuenta que la captura de un líder en ejercicio y en su propio territorio es un atentado contra los preceptos del orden internacional. La operación, además, responde únicamente a la voluntad de establecer un nuevo orden en el hemisferio occidental (considerado de nuevo el patio trasero de Estados Unidos) y a los intereses nacionales para explotar los recursos naturales de Venezuela. Solo así se explica por qué el régimen se mantiene intacto, ahora bajo la presidencia de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, y no se prevea ningún papel para la oposición, encabezada por María Corina Machado y Edmundo González. Está por ver que un país que ha sido educado bajo la lógica del chavismo, la revolución bolivariana y el antiamericanismo se conforme con una solución impuesta desde los Estados Unidos, más todavía si se tienen en cuenta las divisiones internas en el régimen y la cúpula de Maduro.
Groenlandia promete ser el próximo escenario de expansionismo norteamericano. Las razones de la operación tienen que ver, de nuevo, con los intereses de Washington: el control de los recursos de la isla, la rivalidad geopolítica con otras potencias como Rusia y, menos, China, y el predominio sobre las nuevas rutas comerciales que se abrirán con el deshielo del Ártico. Las opciones pasan por comprar la voluntad de los groenlandeses, forzando un referéndum en el que se pediría la independencia de Dinamarca para establecer un futuro acuerdo de asociación con Estados Unidos. De los más de 55.000 habitantes de la isla, los partidarios de la independencia de Groenlandia pueden ser mayoría, pero no así los partidarios de pasar a formar parte de Estados Unidos. Otras opciones pasan por el incremento de la presencia militar norteamericana en la isla más allá de la base militar de Pituffik, la incursión en la isla para defender la voluntad democrática de los groenlandeses tras el lanzamiento de una campaña híbrida de desinformación y unas elecciones consideradas no libres por la administración norteamericana, o la invasión por la fuerza. La duda pasa por saber si Trump y su voluntad de expansionismo territorial se conformaría con un acuerdo de soberanía compartida o de asociación, sin plantar la bandera en Nuuk. También es incierta la reacción de la OTAN y de la UE, aunque es muy probable que los europeos prefirieran un acuerdo con EEUU sobre la nueva realidad de la isla, precisamente para proteger la Alianza Atlántica del golpe asestado por Trump.
El mundo en 2026. Este será un año de reajuste global, de adaptación para la supervivencia. El mundo se resitúa. Las nuevas reglas de juego están claras. El trumpismo ha inaugurado una nueva era en la instrumentalización de la coerción económica y tecnológica, y ahora veremos quién se adapta mejor en un año que consagrará la máxima de la ley del más fuerte. En el fragor de la resaca arancelaria, del intervencionismo expansionista y la transaccionalidad, asistiremos a una aceleración de la reconfiguración global de las conexiones comerciales, financieras y geopolíticas.
2026 pondrá a prueba los límites y los instrumentos para lidiar con una geopolítica brutal. Arrecia la competición por los recursos. Por ello, más allá de la larga cola de países que esperan firmar su propio acuerdo bilateral con Trump, se impone la necesidad de buscar relaciones comerciales alternativas a Estados Unidos. Desde los esfuerzos de China para proyectar estabilidad y ampliar mercados, al vasallaje trumpista de la Unión Europea (UE), o los nuevos espacios geopolíticos que se consolidan en el Sur Global, las relaciones internacionales se reordenan. No se trata solo de ganadores y perdedores. También están los oportunistas, que han encontrado la manera de instrumentalizar a su favor el retorno de agendas y doctrinas imperiales, o los que lo hacen desde un pragmatismo desacomplejado, que les permite hallar acomodo o incluso coyunturas para influir en un orden que se presenta caótico; también están los resistentes, que impulsan movimientos de protesta o espacios a contracorriente; o los desubicados, que se sitúan a rebufo de unos cambios que no saben cómo afrontar, faltos de instrumentos o de liderazgo. Para algunos países, 2026 puede ser también un año de polioportunidades. No es solo el caso de China, que se aferra al robustecimiento de su mercado exportador para intentar mantener su crecimiento económico, sino también de los países del Golfo, con su reforzada prominencia diplomática y tecnológica, o de India, como lo demuestra su acercamiento transaccional a Beijing o a Moscú. Para otros actores, como la UE, esta volatilidad los ha llevado a aferrarse al propósito de la defensa como vector clave de sus políticas, sin demasiados resultados.
Impunidad del intervencionismo. 2025 se cierra con una acumulación militar en el Caribe sin precedentes en las últimas décadas. El portaviones más grande del mundo, un submarino nuclear, cazas F-35 y otros buques de guerra forman parte del despliegue estadounidense en la región. La Administración Trump ha emprendido ataques militares extrajudiciales contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico; ha desafiado con intervenir militarmente en México y Colombia, además de tomar el control del canal de Panamá; y ha puesto precio a la caída del líder venezolano Nicolás Maduro. Sus amenazas militares han llegado incluso hasta Nigeria, país al que acusa de violencia religiosa.
No es un episodio más de la llamada «diplomacia del cañonero». Trump simboliza la creciente ola de estados que se sitúan al margen de la ley. En plena desintegración del multilateralismo, la impunidad se afianza, y el retorno de las esferas de influencia se defiende a cañonazos, actuando contra la legalidad internacional, como ocurre en Ucrania, Gaza o Cisjordania. A principios de año, The New York Post acuñó el concepto de la «Doctrina Donroe», la versión trumpiana de una política del siglo XIX con la que el presidente James Monroe aspiraba, en 1823, a impedir que otras potencias se inmiscuyeran en el hemisferio americano. Ahora ya es oficial: la Doctrina Donroe, titulada como «el corolario Trump a la Doctrina Monroe», ha sido consagrada en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025, que definirá los próximos tres años de mandato de Donald Trump.
Dos conflictos pueden agravar en 2026 este vacío de legalidad: uno es el anticipado ataque estadounidense contra Venezuela; el otro, la posible reanudación de la guerra inconclusa entre Israel e Irán del pasado verano, junto con una renovada ofensiva israelí contra Hezbolá en el Líbano.
La impunidad ha convertido el intervencionismo militar en un instrumento más al alcance de gobiernos o actores internacionales dispuestos a hacer uso de una violencia cada vez más desregulada. No es un recurso exclusivo de las grandes potencias. Cada vez son más los países tentados a sacar rédito mediante la fuerza. 2025 nos deja una serie de conflictos de estallido rápido, contenidos en territorio y duración, con objetivos poco certeros, pero que llevan a una escalada militar breve y a un acuerdo de cese de hostilidades apresurado y endeble. La ofensiva de las milicias M23 apoyadas por Ruanda contra la República Democrática del Congo (RDC) en enero; la escalada tras los ataques en Pahalgam –en la región de Cachemira– entre India y Pakistán en abril; los intercambios de misiles durante una semana entre Pakistán y Afganistán en octubre; o el conflicto fronterizo entre Camboya y Tailandia reavivado en diciembre son múltiples ejemplos de estas conflagraciones en frontera que estallan y se apagan en un tiempo breve. Sin embargo, estas tensiones no desaparecen ni con la mediación de Donald Trump.
En 2026, episodios similares podrían repetirse y replicarse a lo largo del planeta. En África, el aumento de una retórica belicosa entre Etiopía y Eritrea –por la reclamación de una salida al Mar Rojo por parte del primero, y acusaciones de interferencia y ocupación contra el segundo– ha reavivado la preocupación por una nueva guerra entre ambos países. Además, Addis Abeba también se encuentra en plena escalada de tensiones con El Cairo, después de la inauguración de la Gran Presa del Renacimiento Etíope, una competencia capaz de alterar dinámicas incluso en otros países como Somalia. En Asia, el deterioro de las condiciones de los refugiados rohingya en Bangladesh –quienes enfrentan una situación cada vez más difícil debido al abandono internacional de la crisis– ha aumentado el reclutamiento de refugiados para grupos armados rohingya, decididos a enfrentarse con el Ejército Arakan del estado de Rakhine (Myanmar), con capacidad de desestabilizar la frontera. En 2026, actores armados de todo el mundo estarán todavía más dispuestos a usar la fuerza e ignorar abiertamente las consecuencias.
Privatización de la paz. 2026 arrancará con el futuro de Ucrania sobre la mesa de negociación y una propuesta de paz que se cocinó inicialmente a dos bandas entre los enviados personales de la Casa Blanca y el Kremlin. La paz de Trump se construye a través de los negocios. No se trata de solucionar agravios históricos, sino de aplicar una mentalidad comercial que incentive un alto el fuego de réditos inmediatos. Su retórica de «pacificador en jefe» no ha alcanzado, de momento, a garantizarle su ansiado premio Nobel de la Paz, pero ha llenado los bolsillos de su círculo más próximo.
En plena crisis del multilateralismo, personajes como Trump, Erdogan, o Xi Jinping, y países como Qatar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos se han atribuido la función de ser los nuevos brokers del poder. La tentación de reducir las negociaciones de paz a un mero ejercicio de conflicto de intereses es evidente y, en muchos casos, no se trata de los intereses de las partes enfrentadas, sino los del propio negociador. La diplomacia tradicional ha sido sustituida por acuerdos entre magnates. Es una «diplomacia de amiguismo» al servicio de lucros particulares. El primer aviso llegó con la idea peregrina de un Trump recién reelegido de comprar Groenlandia, una propuesta que ya revelaba su visión de una política exterior que concibe la diplomacia como una transacción y la soberanía como una propiedad negociable. En el mundo de la transaccionalidad y los intereses, la paz se ha convertido en un activo con rédito económico.
Tras el frágil acuerdo firmado en junio entre Ruanda y la RDC en Washington, Estados Unidos anunciaba que había conseguido «gran parte de los derechos mineros del Congo». Desde entonces, una serie de empresas del entorno de Donald Trump –o del círculo tecnológico que le ha dado su apoyo– han firmado contratos en la región, entre otras: KoBold Metals –compañía financiada por Jeff Bezos y Bill Gates, que se dedica a la recolección de datos y a la investigación de minerales críticos a partir de la inteligencia artificial (IA)–; Ballard Partners, consultora vinculada a la familia Trump; o Apple (aunque la compañía declara firmemente que su cadena de suministro nada tiene que ver con el conflicto en RDC, en enero de 2025, en Bélgica se abrió una investigación a las filiales del gigante tecnológico por el uso de los llamados «minerales de conflicto» en su cadena de suministro). En paralelo, Qatar –que también facilitó el acuerdo marco en Doha– ha prometido una inversión de 21.000 millones de dólares para la región en sectores como la agricultura, la minería o los hidrocarburos.
Otro acercamiento, confirmado entre Azerbaiyán y Armenia el 8 de agosto pasado en la Casa Blanca, se tradujo también en un acuerdo comercial que prevé la entrada de empresas estadounidenses con un mandato de 99 años para supervisar la creación y operación de un corredor ferroviario, considerado potencialmente lucrativo, que atravesará territorio armenio a lo largo de toda su frontera con Irán. Se llamará Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP, por sus siglas en inglés). Por su parte, Azerbaiyán y ExxonMobil sellaron asimismo un memorando de entendimiento que consolida a la petrolera estadounidense como un actor clave en el futuro económico de la región. El acuerdo de paz definitivo, sin embargo, sigue pendiente y debería firmarse en 2026.
En Gaza, una multiplicidad de actores se prepara para una reconstrucción que requerirá aproximadamente 70.000 millones de dólares, según Naciones Unidas. La adopción de la Resolución 2803 (2025) por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas –que legitima el plan de Trump– solidifica el futuro de una Gaza sin los palestinos, que enfrentarán riesgos de partición y expulsión. En 2026, si no se reabre el conflicto, veremos emerger una aparente competencia entre diferentes planes de reconstrucción, aunque es la filtrada propuesta de la Casa Blanca la que tiene más números de imponerse. Según Trump, este plan prevé generar unos 185.000 millones de dólares de beneficios en una década para empresas estadounidenses (entre ellas, Tesla de Elon Musk, Amazon Web Services, o Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC); pero también para empresas europeas, de los países del Golfo, de Argentina o de Turquía. Desde los propios palestinos, los países árabes o Israel también han surgido algunas iniciativas.
Precisamente, las grandes fortunas del Golfo Pérsico se afianzan como los nuevos mediadores en la búsqueda de una paz estratégica y con intereses regionales y globales. En 2025, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos se involucraron en las negociaciones entre Ucrania y Rusia, Pakistán y Afganistán, Azerbaiyán y Armenia, la RDC y el M23, Rusia y Estados Unidos y, en Gaza, además, en algunos casos facilitando los esfuerzos estadounidenses. En 2026, el cuarteto que forman Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Estados Unidos tratará de añadir a Sudán a la lista de territorios pacificados por Trump, teniendo en cuenta que los tres países árabes han apoyado facciones diferentes –con Abu Dhabi beneficiándose de las explotaciones de oro controladas por las Fuerzas de Apoyo Rápido sudanesas–.
Una carrera global para diversificar alianzas. En 2026 las cartas ya están sobre la mesa. Trump ha determinado el inicio de una nueva era en la instrumentalización de la coerción económica y tecnológica. La incertidumbre comercial y política es la nueva normalidad. Pero el impacto del nuevo orden económico estadounidense con la desaceleración del comercio global empezará a notarse en los próximos meses. La Organización Mundial del Comercio (OMC) estima que el porcentaje del comercio mundial que respeta sus reglas se ha reducido hasta el 74%. Además, según sus cálculos, en 2026 el comercio mundial solo crecerá un 0,5%, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) apuesta por un crecimiento económico global del 3,1%. En 2025, el sistema ha aguantado gracias a la importación masiva de productos en anticipación a los aranceles de Trump; a la contención de los países al responder a estas medidas; al aumento de la demanda de productos vinculados a la IA, y al incremento del comercio entre el resto del mundo. Pero este efecto amortiguador está menguando y el impacto de los aranceles será visible en los precios, las inversiones y el consumo, coincidiendo con el primer año completo de esta ola proteccionista reforzada.
En 2026, veremos si los nuevos acuerdos comerciales con países y bloques regionales, así como la tregua alcanzada en Busan en octubre de 2025 entre el presidente estadounidense y su homólogo chino, Xi Jinping, aguantan o se desmoronan con otra ronda de aranceles. De momento, Trump consiguió en ese encuentro reanudar la compra de soja estadounidense por parte de China y el retraso de algunos controles de exportación de tierras raras impuestos por Beijing. Una restricción que podría tener un impacto importante sobre Europa en 2026. Aunque Trump, de entrada, priorizará la estabilidad hasta su viaje a China, previsto para abril de este año, su política comercial está pendiente de la resolución del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la legalidad de los aranceles recíprocos y su potencial impacto inflacionario en las familias estadounidenses. Y todo ello en un año electoral.
Paradójicamente, China acabará 2025 con un récord de superávit comercial gracias a las exportaciones de vehículos y la tecnología limpia. Así, mientras Estados Unidos se cierra, el resto del mundo –especialmente el Sur Global– es el gran receptor de las exportaciones chinas, a pesar de la introducción de algunas restricciones comerciales sobre el gigante asiático. No obstante, a este le esperan ciertas incertidumbres en 2026. Beijing teme el impacto de una menor demanda externa y la posibilidad de nuevas medidas proteccionistas en otros puntos del planeta, las cuales pueden intentar limitar los efectos de la redirección de bienes chinos para garantizar el futuro de las industrias locales de esos mercados. En consecuencia, China deberá afrontar una desaceleración de su principal motor de crecimiento actual, esto es, el comercio, mientras que, en casa, se enfrenta a retos considerables: el consumo interno no acaba de arrancar, el desempleo juvenil se acerca al 20% y el fenómeno de la «involución (内卷neijuan)» –entendido como la sobreinversión y competencia salvaje interna entre empresas, que provoca una caída libre de los precios sin beneficios para las compañías– intensificará las presiones deflacionarias. Pese a ello, las perspectivas de un cambio de timón en el 15.º Plan Quinquenal (2026-2030), que será adoptado en marzo de 2026, son casi nulas: la prioridad seguirá siendo la autosuficiencia tecnológica, la modernización industrial y el esquivo aumento del consumo interno.
El resto del mundo, ante la imprevisibilidad de Trump y la competencia de China, buscará relaciones comerciales alternativas. No se trata solo de diversificar, sino que se ha desatado una auténtica carrera global por lograr acuerdos estables y duraderos. Además, la política de la administración estadounidense de mantener un dólar débil y los precios bajos del petróleo impulsan el crecimiento de los países emergentes. Pero, ¿quiénes son los actores destacados de esta nueva hiperactividad?
India se encuentra actualmente en plenas negociaciones comerciales con más de 50 países. El optimismo de nuevos acuerdos con Canadá, Nueva Zelanda u Omán en 2026 copan los portales informativos indios. Sin embargo, la joya de la corona aspira a ser la firma del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre la India y la UE durante la cumbre bilateral de enero de 2026. Al respecto, si bien han seguido existiendo tensiones en temas clave, como la agricultura o la protección de patentes farmacéuticas, en las últimas semanas de 2025 la finalización de estas negociaciones podrían suponer también una de las primeras victorias del segundo mandato de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha encontrado en el presidente Narendra Modi un nuevo aliado por necesidad –a pesar de la escenificada entente entre este último y Vladimir Putin–. En paralelo, la diplomacia india continúa negociando con la Administración Trump un acuerdo que reduzca los aranceles vigentes entre ambos países de alrededor del 50% –los más altos del mundo en noviembre de 2025–, además de renegociar los acuerdos correspondientes con la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés).
Por su parte, la ASEAN se encuentra en las últimas fases de negociación de un Acuerdo Marco para la Economía Digital entre sus miembros, que supondrá el primer acuerdo regional centrado exclusivamente en la gobernanza de esta materia, y que se espera que entre en vigor en 2026para reforzar la integración frente a los riesgos externos. Pero, además de las negociaciones con India o Canadá como organización, sus estados miembros también están tomando posiciones individualmente. Filipinas aspira a cerrar cuatro acuerdos en 2026 con Canadá, los Emiratos Árabes Unidos, Chile y la UE; mientras que Malasia y Tailandia están negociando de forma autónoma con Bruselas para firmar un acuerdo en 2026, e Indonesia está ya pendiente de su ratificación. Asimismo, la celebración este mismo año de la cumbre de los BRICS+ (Brasil, Federación Rusa, India, China y Sudáfrica, más Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopia e Irán) en India y del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en Vietnam solidificarán la sensación de centralidad de Asia en este apoyo al libre comercio.
Bruselas, por su parte, tampoco se detiene. Se espera que en diciembre de 2025 tome una decisión sobre la firma final del acuerdo con Mercosur, aunque la oposición de Polonia y Francia la ponga en riesgo. El resultado será decisivo para su credibilidad frente a las negociaciones paralelas con India y ASEAN, mientras refuerza su postura comercial con China y debate endurecer la regulación de las inversiones de este país.
La confianza –o la falta de ella– también jugará un papel fundamental en la revisión de los primeros seis años de vida del Tratado entre Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) que sustituyó en 2020 al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Durante las consultas y negociaciones, las tres partes deberán valorar su operatividad, si es necesaria alguna actualización y si se acuerda extender su duración otros 16 años. Aunque los aranceles de Estados Unidos a Canadá y México han hecho aumentar la desconfianza en sectores como el automovilístico, se prevé que las negociaciones se centren en concesiones estadounidenses en cuestiones no comerciales, como la migración o la actualización de capítulos vinculados a la resiliencia de las cadenas de valor y las tierras raras.
En esta carrera por la diversificación de las alianzas comerciales también participa Moscú. La Unión Económica de Eurasia (UEE), que incluye a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia, podría establecer su primer acuerdo de libre comercio con un tercer país, si se ratifica el acuerdo interino alcanzado con Mongolia en junio de 2025. Y no es el único. En noviembre de 2025, se cerró la primera ronda de negociaciones con India, un país que –pese a ser blanco de aranceles adicionales por su comercio energético con Rusia– no prevé cerrar la puerta a su histórico aliado.
Generación Z, entre las expectativas y la realidad. Un hartazgo generacional sacude medio mundo. Son los nacidos, aproximadamente, entre mediados de la década de 1990 y el año 2010, coincidiendo con el cambio de un milenio marcado por la concatenación de crisis. La Generación Z se ha movilizado en varios países y continentes para reclamar cambios tangibles en unos sistemas políticos imperfectos, corruptos y desiguales. En 2025, el malestar salió a las calles en Nepal, Madagascar, Marruecos o Perú, entre otros países; y, de forma más incipiente, en Indonesia y Filipinas. En Kenya o Serbia las protestas empezaron en 2024. También en Bangladesh, donde se registraron importantes oleadas de violencia; y en Sri Lanka en 2022. Son movimientos dispersos en el espacio y en el tiempo. El desencadenante ha sido distinto en cada uno de los países, pero todos comparten un profundo malestar y la sensación de vivir bajo un clima de violencia: violencia social, por las injusticias y la corrupción; violencia medioambiental, por la privación de recursos y los efectos climáticos; violencia humana, por las violaciones de derechos y las desigualdades.
En México, la Generación Z salió a las calles el pasado noviembre para expresar su enojo por la corrupción y la violencia del narcotráfico que se cobra decenas de miles de vidas cada año. También en Perú, los jóvenes protestaron en septiembre contra la corrupción, la fuerza del crimen organizado y la fragilidad de las instituciones en un país que ha tenido hasta siete presidentes en 10 años.
En Marruecos, donde uno de cada tres jóvenes está desempleado, el detonante del malestar compartido es un modelo de desarrollo que menosprecia el bienestar social ante inversiones millonarias en infraestructuras. Las demandas por una reforma del sistema educativo y una mejor sanidad pública resonarán también en las próximas elecciones legislativas previstas para el verano de 2026.
Todas estas protestas son una señal de la creciente impaciencia de la población ante la brecha, cada vez más amplia, que separa las expectativas de la realidad. Por eso, la pregunta es si 2026 traerá nuevos estallidos imprevistos, como ya ha sucedido durante el mes de diciembre en Bulgaria, donde decenas de miles de personas han salido a la calle para denunciar la corrupción generalizada y las conexiones mafiosas del Gobierno, hasta forzar la dimisión del primer ministro, Rosen Zhelyazkov. Si bien el desencadenante de las manifestaciones fue un polémico plan presupuestario, que el ejecutivo ya retiró, el malestar ha congregado la indignación por la captura del Estado y el empobrecimiento de los servicios públicos, como la sanidad, a pocas semanas de la entrada oficial de Bulgaria en el euro, el 1 de enero de 2026.
En algunos casos, las protestas han provocado ya cambios políticos. En Nepal, por ejemplo, una población joven, frustrada por la precariedad, convirtió la imagen ostentosa de los hijos de las élites políticas nepalíes en las redes, en el elemento movilizador que forzó la dimisión del primer ministro en septiembre. Un Gobierno interino ha prometido elecciones en marzo de 2026. También en Madagascar, uno de los países más pobres del mundo, donde el 50% de la población pertenece a la Generación Z, y 8 de cada 10 jóvenes no pueden vivir dignamente de su trabajo, las protestas llevaron a la caída del Gobierno y a la toma del poder por parte de los militares para los próximos dos años.
Por su parte, en 2026, Bangladesh celebrará elecciones en febrero y le seguirán Nepal, Marruecos y Perú. Los resultados electorales también nos invitarán a reflexionar sobre la posibilidad de cambio y el impacto real de estas protestas en su capacidad de articular alternativas políticas. En casos como Serbia o Bangladesh, los jóvenes están creando sus propios movimientos políticos –aunque no siempre con voluntad de participar en elecciones–. En Nepal, en cambio, la Generación Z están favoreciendo candidatos outsiders, como el alcalde de Kathmandú, Balendra Shah, un político controvertido que se vale de un lenguaje autoritario.
Estamos ante un aviso global protagonizado por una generación digital, que ha crecido en la aceleración de los cambios y la incertidumbre sobre el futuro. La creciente disparidad socioeconómica y el concepto de privación relativa, la hiperconectividad, así como la sensación de vértigo desigual que ha dejado la globalización y la transformación tecnológica, son parte de la experiencia colectiva de los jóvenes. También la desconexión de los partidos políticos tradicionales. En cambio, las redes sociales les han permitido compartir solidaridad, tácticas y referencias culturales.
En 2026 veremos, por tanto, si estos espacios de resistencia o de contestación se trasladan a las urnas, como ya ocurrió en 2025 con el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani –un joven musulmán representante del ala más izquierdista del Partido Demócrata– convertido en el símbolo de una contraofensiva inesperada para los demócratas, completamente desnortados en Estados Unidos.
En Europa, las elecciones parlamentarias en Hungría, previstas para abril de 2026, se perfilan como unas de las más sustanciales en décadas. Tras 15 años de Gobierno ininterrumpido del ultraconservador Viktor Orbán y de dominio de su coalición Fidesz-KDNP, el panorama políticoestá experimentando cambios. En un contexto de deterioro del nivel de vida, corrupción generalizada y servicios públicos deficientes, por primera vez, el control del poder de Orbán se ve seriamente amenazado. La últimas encuestas muestran que el partido opositor TISZA, liderado por el eurodiputado conservador Péter Magyar, escindido del propio Fidesz, va a la cabeza con el 42,8% de los votos, por delante de Fidesz/KDNP, con el 36,9%.
Finalmente, Estambul es también ciudad de resistencia al poder autocrático de Recep Tayip Erdogan. Mientras Turquía se prepara para un 2026 diplomáticamente intenso, con la organización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP31, la reunión de la OTAN y la cumbre de la Organización de Estados Túrquicos (OET), la persecución judicial contra el actual alcalde de Estambul, el socialdemócrata Ekrem Imamoglu, se ha redoblado. El principal rival de Erdogan se enfrenta a una petición de 2.352 años de prisión por una supuesta trama de corrupción. Su detención, en marzo de 2025, desató una ola de protestas antigubernamentales y está por ver si la juventud turca, que ha sido reiteradamente el motor de la resistencia ante Erdogan, volverá a salir a la calle en los próximos meses.
A cargo de Pol Morillas, director del CIDOB y miembro de la Junta Directiva del Cercle d'Economia
