Actualmente, tanto los Presupuestos Generales del Estado como los de la Generalitat de Cataluña de 2023 se encuentran prorrogados, aplicándose también en 2024 y 2025. Esta situación, poco frecuente hasta hace unos años, se ha mantenido en los últimos periodos, lo que influye en la planificación de las políticas públicas y en la capacidad de las administraciones para adaptarse a nuevos retos económicos y sociales.
Conscientes de la relevancia de este desafío, el Cercle d’Economia ha organizado un encuentro de reflexión y análisis que ha comenzado con una intervención de Cristina Herrero, presidenta de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), quien ha abordado las implicaciones institucionales y económicas de la reiteración de las prórrogas presupuestarias, tanto en el ámbito nacional como en el europeo, en conversación con Teresa Garcia-Milà, presidenta del Cercle d'Economia.
Herrero ha advertido que la repetición de las prórrogas “no puede convertirse en una práctica habitual”, ya que, aunque evita la parálisis administrativa, “debe tener vocación de excepcionalidad”. A su juicio, la ausencia de nuevos presupuestos debilita la rendición de cuentas y la transparencia democrática, y “esta tendencia se está extendiendo también a la Unión Europea”, donde se plantea eximir a los países de presentar sus planes presupuestarios si no cuentan con un proyecto de cuentas nacionales. Esta situación —ha añadido— genera incertidumbre y dificulta la planificación a medio plazo, especialmente en un contexto de elevada deuda pública cercana al 100% del PIB, subrayando que los presupuestos son esenciales para “anclar expectativas y dar coherencia a la política económica”.
En cuanto al papel de la AIReF, Herrero ha resaltado que la institución “vela por la sostenibilidad presupuestaria incluso en ausencia de presupuestos”, ofreciendo análisis y proyecciones que contribuyen a la transparencia y al debate público. Sobre la prórroga de las cuentas de 2023, ha explicado que su prolongación ha supuesto “una pérdida de adecuación del presupuesto a la realidad económica”, convirtiéndolo en un marco que se corrige continuamente y que “reduce la capacidad de planificación”. Pese al dinamismo de los ingresos y al impulso del Plan de Recuperación, ha advertido que estos recursos son temporales y que será necesario definir una estrategia fiscal sólida. Finalmente, ha recordado que la AIReF prevé un déficit del 2,6% del PIB en 2025 y que, tras la entrada en vigor del nuevo marco fiscal europeo, “España deberá adoptar medidas de ajuste entre 2027 y 2028”, lo que exigirá coordinación institucional y responsabilidad compartida entre todas las administraciones.
A continuación, ha tenido lugar un diálogo entre Alberto Nadal, ex secretario de Estado de Presupuestos y Gastos (2016-2018) y actual vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, y Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2007) y actualmente director de contexto y unidad de inteligencia en la consultora LLYC. Ambos han compartido su visión sobre las consecuencias económicas, políticas e institucionales de la prórroga presupuestaria, en un diálogo moderado por Jordi Gual, vicepresidente del Cercle d'Economia.
Alberto Nadal ha alertado del “impacto institucional” de lo que ha calificado como “la prórroga de la prórroga de la prórroga”, recordando que “los parlamentos surgieron como poder ejecutivo en el siglo XV y que dos reyes de Europa perdieron la cabeza cuando decidieron disolver al Parlamento para no someterse al control presupuestario”. El vicesecretario popular ha recalcado que “el gobierno tiene la obligación constitucional de presentar presupuestos”, ya que la prórroga está prevista como algo excepcional y “no debe convertirse en un instrumento que estirar como un chicle para obviar esa obligación”. Nadal ha reconocido que los fondos europeos otorgan al Ejecutivo “mucha flexibilidad”, aunque la aplicación real de las partidas “se hace más lenta y difícil”. “Mientras se cumpla con el objetivo de déficit, todo vale”, ha lamentado, advirtiendo además que “no podemos seguir prorrogando presupuestos, porque si desaparece el colchón de los fondos europeos esto será insostenible”. También ha señalado que, en este contexto, “no hay referencias para controlar el gasto que se está realizando”. Por ello, ha prometido que, “si los españoles nos dan su confianza y formamos el próximo gobierno, en nuestro programa de regeneración democrática adoptaremos las medidas necesarias para impedir la reiteración de prórrogas y establecer consecuencias políticas claras ante la no presentación de presupuestos”. Finalmente, ha subrayado que “la deuda pública ha crecido desde que gobierna Sánchez, mientras que países como Grecia y Portugal han conseguido reducirla”.
Por su parte, Jordi Sevilla ha iniciado su intervención recordando que, pese a todo, “las agencias de rating siguen mejorando la nota de la deuda de España y la economía funciona bien”. Ha puesto de relieve que alrededor del 80% del gasto presupuestario está comprometido, “de modo que, con independencia del color político, buena parte del presupuesto está ya condicionado”. En consecuencia, “el margen de actuación política real se limita a un 20%”, ha precisado. En cualquier caso, ha sostenido que “el verdadero desafío hoy es gobernar con presupuestos”, expresando su preocupación por el “deterioro democrático” que implica esta situación y por la tendencia de los ejecutivos a escapar del control legislativo “como hace Trump”. También ha aclarado que “no es lo mismo prorrogar el presupuesto que no presentarlo”, recordando que “siempre se ha dado por hecho que no aprobar los presupuestos era un bofetón político suficiente como para provocar elecciones anticipadas”. En este sentido, Sevilla se ha mostrado convencido de que “esta será la primera legislatura sin presupuestos: se presentarán, no se aprobarán y habrá un ligero adelanto electoral, agotando prácticamente la legislatura”.
