Consensuar una política de inmigración es particularmente difícil. Pocos temas crean divisiones internas tan viscerales dentro de movimientos ideológicos y políticos. El derecho a buscar una vida mejor vs. el derecho a definir las propias fronteras y garantizar la cohesión social.
En la cuarta sesión del ciclo "La inmigración en los países avanzados: ¿problema o solución?" hemos debatido sobre cómo gestionar la inmigración con Sergi Pardos-Prado, profesor de política comparada en la Universidad de Glasgow; Blanca Garcés, investigadora senior del área de migraciones y coordinadora de investigación del CIDOB y Carles Campuzano, diputado en el Parlamento de Cataluña y exconsejero de Derechos Sociales, moderados por Miquel Nadal, director general del Cercle d’Economia.
La consejera de Derechos Sociales e Inclusión Mònica Martínez Bravo ha hecho una intervención inicial poniendo en valor "la contribución de las personas migradas al crecimiento económico y social del país". Martínez Bravo ha hecho un llamamiento al sector empresarial para combatir los discursos de odio y trabajar juntos para cambiar las percepciones erróneas existentes sobre la migración: "Tenemos la suerte de ser un país atractivo para la migración, que es clave para la sostenibilidad del estado del bienestar y del sistema de pensiones".
La titular de Derechos Sociales e Inclusión ha defendido la necesidad de abordar el fenómeno migratorio desde el rigor, los datos y la evidencia científica. Entre otras, la consejera ha recordado que la tasa de actividad de las personas migrantes en España es una de las más elevadas de la Unión Europea y que, a pesar de contribuir con el 10% de los ingresos de la seguridad social, solo reciben un 1% en prestaciones. En un contexto de envejecimiento demográfico, "los altos niveles de inmigración contribuyen de manera decisiva al crecimiento económico y a la prosperidad del país", ha expuesto.
Martínez Bravo ha destacado que para asegurar una integración efectiva de las personas migradas, es necesario invertir en políticas públicas de calidad y en reforzar el estado del bienestar: "Una pequeña inversión en su acogida, no solo mejora la justicia social, sino que genera un retorno social y económico para todos", y ha insistido en que es necesario que Gobierno y empresas trabajen conjuntamente para lograrlo. "Las empresas no son solo motores económicos, sino también agentes sociales con responsabilidades hacia la sociedad en la que operan", ha recordado.
A continuación ha tenido lugar un debate sobre cómo gestionar la inmigración moderado por el director general del Cercle d’Economia Miquel Nadal con las intervenciones de Carles Campuzano, Blanca Garcés y Sergi Pardos-Prado.
El diputado en el Parlamento de Cataluña y exconsejero de Derechos Sociales Carles Campuzano ha recordado que "el marco legal español que regula el flujo migratorio no ha cambiado desde 1985" y ha asegurado que "es muy administrativo y rígido pero topa con una realidad económica dinámica y flexible, lo que lleva a que se establezca un mecanismo perverso de regulaciones". Campuzano se ha mostrado a favor de abrir "vías legales y seguras para el mercado laboral ya que con el modelo económico actual necesitamos estos migrantes" y ha recordado que hace cincuenta años en Cataluña ya había una gran migración de población proveniente de España. "Y nos ha funcionado bastante bien", ha dicho. También ha subrayado que "cuando en el año 2024 hablamos de inmigración hablamos de la gente que llega ahora, no de los hijos y nietos de los que llegaron desde finales de los años 90".
La investigadora senior del área de migraciones y coordinadora de investigación del CIDOB Blanca Garcés ha explicado que "en el modelo europeo de gestión de la inmigración, España destaca porque ha ido tarde pero a la vez ha ido muy rápido y ahora lideramos los países europeos en términos de población de origen inmigrante". Garcés ha añadido que España también destaca por "políticas relativamente más inclusivas y por una, hasta ahora, baja politización del tema". La investigadora del CIDOB ha apuntado que "el modelo de gestión de la inmigración español es disfuncional pero permite resolver tres condicionantes contradictorios entre sí como son una política migratoria restrictiva, un crecimiento económico que depende de la llegada de los migrantes y una política de visados que mantiene la frontera atlántica relativamente abierta". También ha afirmado que "repensar el modelo migratorio implica pensar en el modelo social y económico que queremos". Además ha alertado de que dejar la gestión de la migración "sólo en el mercado, más que caos, es un laissez faire que se puede pagar muy caro porque crea desigualdades sociales" graves y, por tanto, conflicto.
Finalmente, el profesor de política comparada en la Universidad de Glasgow Sergi Pardos-Prado ha remarcado que en la gestión de la inmigración "no hay modelos maravillosos ni una sola receta" y ha añadido que "le piden demasiado a la política de inmigración". Aun así ha asegurado que "el modelo sandía es el que aporta mejores resultados a la corta y a la larga". Un modelo que apuesta por una regulación externa de los migrantes, que incorpore selección (por calificación de estudios, contratos en origen), pero una vez dentro tengan igualdad de derechos comparable a los autóctonos.
