"Un elefante blanco dentro de una habitación del que nadie se atreve a tomar decisiones, que todo el mundo sabe que está ahí y que genera un enorme grado de complejidad y perjuicio". Así definió Camino Quiroga (vocal de la Junta Directiva del Cercle d’Economia) la burocracia, mientras abogaba por que el sistema español –"enormemente garantista, que reduce el nivel de corrupción"– sea compatible con los criterios de agilidad y eficiencia en beneficio del conjunto de administrados (es decir, ciudadanía y empresas).
Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, postuló que "hay una asociación clara entre productividad y actuación administrativa" y que, en su función regulatoria, la "administración pública debe garantizar el cumplimiento de la normativa y también la equidad y la igualdad de oportunidades" en lo referente a esta actuación administrativa. Defendió un esquema basado en la proporcionalidad y la agilidad (cuando sea posible, con la automatización de procesos) y reflexionó que "la mera percepción de que la intervención administrativa es una traba burocrática ya implica de antemano un desincentivo a interactuar con la administración".
Vanessa Gelado, Senior Managing Director y Country Head de Hines Spain, expresó que "deberíamos aspirar a una administración pública al servicio de la empresa y la ciudadanía" y lamentó que "en España tenemos unas administraciones que están más cerca de la labor de control y de la fiscalización que de la ayuda y de ver cómo se puede incentivar la actividad económica y el bienestar de los administrados". También criticó que estas administraciones a menudo toman en poca consideración "dos variables fundamentales" para la empresa, esto es, el factor tiempo y el factor coste.
Víctor Lapuente, catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Goteborg, formuló en voz alta la siguiente pregunta: "¿La burocracia es necesaria?". Lo puso en contexto: "Cuando ves que pasan dos años para obtener una licencia por ampliación de actividades económicas, cuando hay personas que mueren antes de que les llegue la ayuda a la dependencia, cuando el Ingreso Mínimo Vital solo llega a un determinado porcentaje de población, te das cuenta de que tenemos un problema serio". Situó España en el puesto 17 de los 27 países de la Unión Europea en cuanto a indicadores de percepción de la ciudadanía sobre el funcionamiento de las administraciones públicas: "Hay mucho margen de mejora", sentenció, en materia de "despolitización y desburocratización".
Mandatos improrrogables, calidad institucional y digitalización cuestionable
En lo que se refiere a la despolitización, desde la AIReF Herrero explicó el sistema que aplica en la organización que preside. El nombramiento de la figura del presidente o presidenta lo es por seis años improrrogables, lo que lo "desvincula completamente del ciclo político". También valoró factores como la experiencia exigida en el campo de actividad propio de la entidad (más de diez años en el caso de la AIREF) y la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados requerida para el nombramiento de la figura en cuestión.
Aquí Lapuente aseguró que la presencia de "funcionarios independientes y directivos autónomos (del poder político)" contribuye a la "mejora de la calidad institucional". Y preguntado por Camino Quiroga sobre los aspectos positivos que puede aportar la digitalización, el catedrático negó la mayor: "Digitalizar con aproximadamente un 40% de la población española que no dispone de las capacidades digitales apropiadas, no es lo correcto". Opinó que la digitalización de las administraciones públicas en España a raíz de la pandemia sanitaria supuso un "reajuste de la actividad administrativa" llevado a cabo sobre todo "con la visión de cumplir el objetivo de dotar a los trabajadores públicos de un buen entorno de trabajo más que para servir al cliente o usuario". Y verbalizó: "¿Cómo podemos atraer a los jóvenes y cómo podemos tener una administración digitalizada si casi no disponemos de perfiles STEM en la administración pública?".
Más regulación y control: menos fomento de la actividad
Con una trayectoria profesional desarrollada en España, Londres y Estados Unidos y también en el seno de una multinacional, Vanessa Gelado señaló que "la cultura anglosajona, sobre todo la norteamericana, está mucho más centrada en favorecer la innovación, la inversión y el surgimiento de nuevas ideas que en poner controles y trabas y tratar de fiscalizar la actividad". Poner el foco en la regulación, como se hace en España, razonó, se traduce en "fuga de talento, pérdida de inversiones y una merma de la productividad".
Otros elementos que afloraron durante el debate establecido entre los ponentes en el marco de esta sesión centrada en la simplificación administrativa fueron la utilidad de medidas como la instauración de la ventana única, el fomento del silencio administrativo positivo, la generación de competitividad interna, la transparencia en los plazos para resolver trámites y casos, el desmantelamiento de un sistema de oposiciones "decimonónico" (en expresión de Víctor Lapuente) y la evaluación del impacto social de cada euro del conjunto de contribuyentes.
