En España y en Cataluña, como en otros muchos lugares en Europa, el acceso a la vivienda constituye un problema social y económico de primer orden que afecta especialmente a los más vulnerables y a los jóvenes. Un problema que viene de lejos y que se ha acentuado de forma alarmante los últimos años. La Ley por el Derecho a la Vivienda del 2023 plantea distintas medidas para resolver la emergencia habitacional.
El Cercle d'Economia presentó esta setmana una nota de opinión sobre esta cuestión. Con el título "De la desconfianza a la colaboración: por un partenariado entre el sector público y el privado que resuelva de verdad el problema del acceso a la vivienda en Cataluña y en España" propone eliminar el control de precios que establece la Ley por el Derecho a la Vivienda del 2023. También plantea un alquiler concertado para ayudar a las familias vulnerables, entre otras medidas.
Sobre estas propuestas ha hablado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana Isabel Rodríguez en un diálogo con la directora general corporativa de Colonial y vocal de la Junta Directiva del Cercle d'Economia Carmina Ganyet y el socio de Cuatrecasas y vocal de la Junta Directiva del Cercle d'Economia Miguel Trias.
En la apertura del acto, el presidente del Cercle d’Economia Jaume Guardiola ha recordado que “la vivienda es un tema crucial para la productividad de la economía española”. Por su lado, el director general del Cercle d’Economia Miquel Nadal ha detallado las propuestas que se recogen en la nota de opinión del Cercle sobre vivienda, destacando que propone un pacto por la vivienda entre las administraciones, el sector privado y los partidos políticos.
En su intervención, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que, a partir de julio, el ministerio comenzará a trabajar en el próximo Plan Estatal de Vivienda (PEV), que sustituirá al que está en vigor para el periodo 2022-2025. “Y lo vamos a hacer con mayor rigor en los datos, para tener un mejor diagnóstico, e incorporando una mayor participación de la ciudadanía, por lo que interpelo también a las empresas y al sector económico”, ha explicado.
Isabel Rodríguez también ha apelado “a la suma de esfuerzos de los sectores público y privado para alcanzar el objetivo común de que no haya nadie que tenga que dedicar más del 30% de su renta al pago del alquiler o la cuota de su hipoteca”, además de apostar por “acordar primero con la sociedad para después forjar los acuerdos políticos”.
“El problema de la vivienda en España conserva algunas cicatrices del pasado, pero estamos en mejores condiciones pues hay determinación política, buena marcha de la economía y recursos públicos” para afrontar este asunto que “se ha convertido en el centro de las preocupaciones”, ha añadido.
“La situación en determinadas zonas de España es de emergencia social, que se agrava en las áreas especialmente tensionadas”, ha subrayado la ministra, quien ha añadido que “el problema de la vivienda nos afecta a todos y todas, y se ha convertido en un asunto transversal que repercute en la inmensa mayoría de la población española, aunque es un problema que no es exclusivo de España”.
Para la ministra, “no podemos negar que todavía hoy sufrimos los coletazos del estallido de la burbuja inmobiliaria de hace poco más de una década, que no solo devastó a un importante sector económico tan importante como el inmobiliario, sino que lastró considerablemente el empleo, y su cara más amarga, además de la destrucción de empleo, fueron los desahucios”.
En este sentido, la ministra ha ratificado su compromiso de reforzar la oferta de vivienda asequible en nuestro país mediante la construcción de nuevas viviendas, así como proceder a la rehabilitación del parque existente. “Nuestro objetivo es superar el 9% parque público de vivienda que hay de media en Europa y con la mirada puesta en alcanzar el 20%”.
Isabel Rodríguez también ha recordado que el ministerio que dirige está desarrollando el Plan de vivienda de alquiler asequible, con el objetivo inicial de 184.000 viviendas, mediante acciones directamente ejecutadas por el Ministerio y también a través de la entidad Sepes, Sareb o el Fondo Social de Viviendas en alquiler. “Hemos superado el objetivo que nos habíamos marcado de 20.000 viviendas y ya hemos alcanzado las 25.000 de alquiler asequible en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) destinando 1.000 millones de euros. En estos momentos, dichas viviendas se encuentran conveniadas, en construcción o ya entregadas”, ha detallado la ministra.
En cuanto a la otra gran necesidad, la de mejorar el parque de vivienda existente a través de su rehabilitación, la ministra ha recordado que el Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades autónomas casi 4.000 millones para actuaciones que abarcan desde rehabilitaciones integrales hasta otras puntuales como fachadas, ventanas, ascensores, energía fotovoltaica o calefacción y que cubren ámbitos de viviendas, edificios y barrios.
