Retos y prioridades en tiempos de transición global
Mayo de 2023
Vivimos tiempos de transición global. Son momentos de incertidumbres y disrupciones, sí, pero también etapas en las que hay que establecer las prioridades que serán las bases para un futuro próspero. Así pues, queremos pensar dónde estamos para aprovechar las oportunidades de desarrollo económico y social a nuestro alcance, y queremos ayudar a crear las condiciones para el crecimiento, sin el que no hay redistribución. Porque demasiados datos evidencian un estancamiento. No viene de ahora, sino de lejos. Hay problemas antiguos que dificultan que se consolide un modelo de convivencia que funciona cuando sabe combinar el progreso con la distribución equilibrada y que incorpora la respuesta a la crisis climática como una variable fundamental de la acción política.
Hay que ir más allá, pues, de la coyuntura inmediata y trabajar para construir entornos políticos óptimos para los proyectos de futuro. A pesar de que estamos a las puertas del comienzo de un nuevo ciclo electoral, entendemos que las decisiones a corto plazo no solucionan retos estructurales y que es necesario establecer una planificación estratégica desde la que se puedan afrontar las dificultades del presente, pero que por encima de todo garantice oportunidades de emprendimiento, de desarrollo personal y profesional para las nuevas generaciones. Constatamos con preocupación que en nuestro país el vínculo intergeneracional se puede estar degradando.
Ciertamente, el contexto no facilita sacar adelante una agenda reformista dialogada y consensuada. No somos ajenos a la polarización que la mayoría de las democracias sufren. Aunque en Cataluña parece que vayamos superando la dinámica de bloques de los últimos años, hay que priorizar mucho más la gestión competente como garantía del refuerzo necesario del autogobierno de todos. En el ámbito español, los dos principales partidos parecen arrastrados inexorablemente hacia los extremos, sin consenso en materias tan básicas como la justicia, las pensiones o la política de vivienda. No es un buen camino. El consenso no es nostalgia de un pasado que no volverá; en democracia el consenso es garantía de eficiencia para hoy y para mañana. Eficiencia también es entender que actualmente los problemas complejos piden la colaboración de varios actores. El nuevo Ayuntamiento de Barcelona tiene que dejar de obstaculizar a la alianza publicoprivada, porque se ha demostrado que las condiciones de vida del conjunto de la ciudadanía mejoran cuando esta relación es leal y confiada.
A lo largo del ciclo electoral que se inicia con las elecciones del 28 de mayo, España ejercerá la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. El Gobierno tiene que impulsar propuestas y políticas sobre una aspiración difícil pero necesaria, porque en la misma nos va el futuro de nuestras sociedades: la autonomía estratégica. Hace mucho tiempo que se habla de ello. Pero algo ha cambiado: en los últimos años la Unión ha afrontado grandes retos en los que ha actuado como un actor político reconocido y valorado por la gran mayoría de los ciudadanos. Entendemos que avanzar con esta ambición exterior, cohesión interna y visión estratégica es la vía que permitirá a Europa poder continuar disfrutando de los valores democráticos que hacen del continente un espacio de libertad único en el mundo.
En el Cercle d’Economia identificamos los problemas y las prioridades políticas siguientes a escala tanto metropolitana como catalana, española y europea.
I. Barcelona
Barcelona ha demostrado una resiliencia notable a la hora de afrontar las crisis encadenadas de los últimos años. La imagen internacional de la capital catalana, que sigue siendo muy buena, se ha mantenido, como lo evidencian la capacidad de atraer grandes acontecimientos, recuperar los niveles de turismo previos a la pandemia y captar un volumen considerable de inversiones y de capital humano muy vinculado a la tecnología y a la economía del conocimiento. No son activos menores.
Ahora bien, bajo esta capa de bonanza, la ciudad también sufre problemas estructurales. El encarecimiento del precio de la vivienda dificulta cada vez más acceder a ella y, en consecuencia, expulsa progresivamente a los jóvenes barceloneses de su ciudad. Y tampoco hay que menospreciar la percepción notablemente extendida del deterioro de servicios básicos, ya sea la movilidad, la seguridad o la limpieza. Los próximos cuatro años de mandato municipal serán cruciales para enderezar estos problemas y mejorar la calidad de vida que ofrece la ciudad.
El 2021 el Cercle publicó una nota de opinión en la que reclamábamos para Barcelona un modelo de prosperidad compartida basado en el pragmatismo y la ambición. En aquel documento, pedíamos redefinir el modelo turístico y apostar por sectores estratégicos. Son demandas que continúan plenamente vigentes, igual que la necesidad de dotar a Barcelona de un proyecto movilizador. Para dar respuesta y empezar a resolver los problemas estructurales que acabamos de apuntar, en el Cercle pensamos que a lo largo del próximo mandato municipal será esencial avanzar en los ámbitos siguientes.
Acción metropolitana
Hace cincuenta años el Cercle d’Economia publicó el informe Gestión o caos, el área metropolitana de Barcelona, en el que ya reclamábamos una gobernanza metropolitana. A pesar de algunos progresos, hay que continuar avanzando en esa dirección, ya que muchos de los retos de Barcelona rebasan la ciudad y son de ámbito metropolitano: la vivienda, la movilidad, el impulso económico… Para responder a ellos, hace falta una mejor gobernanza metropolitana. Eso supone no solo una coordinación mejor entre instituciones, sino también dotar de más competencias y recursos a las instituciones existentes, como la AMB, y extender su radio de acción a la región metropolitana (164 municipios). La fuerza de Barcelona está en los cinco millones de habitantes de una región que representa la séptima área económica de Europa.
Colaboración publico privada
Durante los últimos años, el sector privado a menudo ha vivido bajo sospecha en Barcelona. El Ayuntamiento ha visto con recelo muchos de los proyectos provenientes de la iniciativa privada y son muchos los sectores –tanto empresariales, como de la sociedad civil– con los que no se ha contado de manera suficiente. Eso tiene que cambiar. Vivimos en un entorno cada vez más complejo, que no admite soluciones simplistas, y en el que la colaboración entre todos los agentes implicados es esencial. Hay que huir del dogmatismo que pretende que el sector público lo puede todo o que el mercado solucionará por sí solo los problemas de manera satisfactoria. Las soluciones complejas que necesitamos requieren la colaboración entre el Ayuntamiento y el sector privado. Y hace falta que sea en un entorno estable y de confianza mutua.
Urbanismo y movilidad
El cambio urbanístico más importante de hoy en la ciudad es la transformación de la trama del Eixample. Inicialmente, por medio de las llamadas superislas, y, más recientemente, con los ejes verdes. Lo que se plantea, de hecho, es redefinir el Plan Cerdà. Los objetivos que se persiguen son compartidos ampliamente: aumentar los espacios verdes y reducir los vehículos contaminantes. Desgraciadamente, esta iniciativa tan relevante se ha llevado a cabo sin el consenso necesario y con una dotación insuficiente de transporte público que suponga una alternativa para los ciudadanos de la corona metropolitana. Y, tal como se va ejecutando, el impacto en las calles afectadas en términos de congestión, contaminación y ruido difiere en gran medida —algunas mejoran mucho, mientras que otros empeoran remarcablemente. La trascendencia de esta intervención urbanística nos lleva a reclamar más debate, análisis y consenso antes de emprender nuevas acciones.
II. Cataluña
El mes de noviembre el Cercle publicó una nota de opinión en la que pedía urgentemente que se aprobara el presupuesto de la Generalitat y alertaba del coste que implicaría para el país que no sucediera. Hoy no podemos sino felicitarnos: este presupuesto es una realidad. Valoramos mucho la capacidad que han demostrado tanto el gobierno como la oposición para llegar a acuerdos en un tema tan capital.
Nivel de vida y trabajos de calidad
Más allá del impacto positivo que tendrá esta aprobación, lo cierto es que, vista con perspectiva, en los últimos años la evolución de la economía catalana es preocupante. Por ejemplo, en 2021 el nivel de renta per cápita en términos reales era muy parecido al de 2000. Este estancamiento todavía resulta más preocupante si se tiene en cuenta que durante este periodo Cataluña ha perdido posiciones relativas respecto a España y a Europa: en 2000, la renta per cápita en Cataluña era un 24 % superior a la española y un 20 % superior a la media de la UE. El 2021 estos porcentajes se habían reducido al 17 % y al 1 %, respectivamente. En resumen, desde los inicios de siglo ha habido un estancamiento absoluto del nivel de vida y un declive relativo respecto a España y a Europa. Y aunque las cifras de 2022, que han sido buenas, puedan suavizar un poco estas tendencias, el diagnostico de fondo no cambia.
Esta pérdida de terreno en relación con nuestro entorno también se manifiesta en el hecho de que a Cataluña le cuesta generar puestos de trabajo de calidad. Hay muchos trabajadores jóvenes y de mediana edad, altamente cualificados y con ganas de progresar, que no encuentran en Cataluña un trabajo adecuado a sus aspiraciones. Así, en Cataluña el mercado laboral sufre una disfunción singular: la falta de adecuación entre la oferta y la demanda de trabajos altamente cualificados supone que muchos jóvenes muy formados vean frustradas sus expectativas profesionales y vitales o las tengan que satisfacer fuera.
La fuga de empresas, sobre todo de las más grandes, a raíz del «procés» ha agravado este problema. Lo más preocupante no solo es el impacto directo de esta salida, sino también el efecto reputacional que supone, que penaliza a Cataluña en la localización de centros de decisión empresariales. El retorno de estas empresas sería así doblemente positivo para Cataluña, pero es a la Generalitat a quien corresponde crear las condiciones para que sea finalmente posible.
En paralelo a este proceso de pérdida —efectiva y potencial— de sedes de empresas, Cataluña y particularmente Barcelona y su área metropolitana demuestran una gran capacidad para captar hubs tecnológicos en el ámbito de la digitalización. Se trata fundamentalmente de centros especializados que generan servicios de alto valor añadido —en sectores que van desde los videojuegos o la alimentación hasta las ciencias de la salud—, ya sea para las matrices o para clientes de ámbito global. Estos hubs se instalan en Barcelona por la disponibilidad de talento local y por la posibilidad de atraer talento del resto del mundo a causa de la calidad de vida en la ciudad, así como por el ecosistema de centros de investigación, universidades y empresas emergentes con los que pueden colaborar. Se trata, sin duda, de un desarrollo muy positivo, muy centrado en las TIC, pero que tiene un gran potencial tractor sobre el conjunto de la economía catalana y que puede ser una gran palanca para recuperar parte del terreno perdido en los últimos años.
Cohesión social y financiación de la Generalitat
La mala evolución de la economía catalana ha ido en paralelo a un deterioro progresivo de algunos servicios sociales básicos en Cataluña, cada vez más tensionados por una demanda creciente y una falta evidente de recursos, tanto corrientes como de inversión. La atención primaria en la sanidad y el transporte público, sobre todo en cuanto a los servicios de Rodalies, son los casos más flagrantes, pero no los únicos. Así, hoy en Cataluña hay un nivel importante de malestar que amenaza a la cohesión social y que hay que afrontar con urgencia. El problema reside en gran medida en el déficit acumulado de inversiones y de infraestructuras. La mejora del sistema de financiación de la Generalitat y el aumento sustancial de la inversión efectiva de la administración central en Cataluña, demandas que el Cercle ha hecho reiteradamente, son hoy más necesarias y urgentes que nunca. Esta mejora de la financiación de la Generalitat tiene que permitir que Cataluña disponga de un marco fiscal mucho más competitivo.
Gestión de las políticas públicas
No obstante, no todos los males tienen un origen externo. Hay deficiencias muy importantes en la gestión de políticas públicas básicas que dependen directamente de la Generalitat: desde el retraso del despliegue de fuentes de energía renovable (en los últimos diez años Cataluña ha pasado de ser líder a situarse en la cola del ámbito español) hasta la falta de infraestructuras del ciclo del agua suficientes para superar el episodio de sequía que nos afecta, los fracasos continuados en formación profesional o las carencias en nuestro sistema educativo. Hay un amplio margen para mejorar la gestión de estas políticas. Gestionar mejor no es solo una cuestión de competencia técnica. Hace falta, sobre todo, liderazgo, porque la solución a los problemas mencionados requiere fundamentalmente coraje político.
Proyectos estratégicos y política industrial
Aun así, mirando hacia adelante, Cataluña dispone de activos y de oportunidades de progreso muy importantes que, si se gestionan de manera adecuada, pueden tener un gran potencial transformador para el país.
Hay muchas empresas e instituciones que ya desarrollan proyectos que pueden tener un efecto catalítico sobre el conjunto de la economía catalana. Proyectos que abrazan ámbitos muy diferentes. Desde sectores tradicionales, como la automoción, la alimentación y el sector químico o farmacéutico, hasta sectores punteros, como la computación o la medicina avanzada. Proyectos basados en desarrollos tecnológicos sofisticados, que necesitan capital humano muy preparado y a los que a menudo también les hacen falta infraestructuras físicas de primer nivel para poder llevarlos a cabo. Pero precisan el apoyo de las administraciones para materializarse.
Este apoyo requiere liderazgo y coraje para priorizar algunos grandes proyectos. Y también hace falta inteligencia para diseñar mecanismos eficientes que permitan que las ayudas lleguen de manera rápida y sin cargas excesivas a las empresas. Esta agilización administrativa puede requerir activar nuevas formas de gestión, como por ejemplo agencias especializadas que asuman el papel que tradicionalmente han tenido consejerías y ministerios. El apoyo público necesita que las tres administraciones (local, autonómica y central) trabajen de la mano y dejen de lado los recelos y el afán de protagonismo, que no llevan a ninguna parte.
Se necesita, pues, impulsar una política industrial que capitalice de manera adecuada la oportunidad que se nos presenta con los fondos europeos NGEU. Corremos el riesgo de quedar fuera de los grandes proyectos por falta de ambición y visión estratégica, como pasó con la fábrica de baterías que ha acabado instalándose en Sagunto.
Aeropuerto
De entre estos proyectos estratégicos, hay uno que destaca por su impacto: el futuro del aeropuerto de Barcelona. Requiere una solución muy meditada y no puede dilatarse mucho en el tiempo. Existe el acuerdo de que se necesita aumentar significativamente el número de rutas directas a destinos intercontinentales de largo radio para conectar Barcelona con las zonas más dinámicas del planeta (Asia y la costa oeste de los EE. UU.). Por eso, consideramos que la decisión que se adopte finalmente tiene que cumplir las tres condiciones siguientes. Primero, se tiene que basar en un análisis a fondo de las alternativas posibles y del impacto de cada una sobre los volúmenes de pasajeros y de carga, sobre las sinergias entre el puerto y el aeropuerto y sobre su complementariedad con los aeropuertos de Gerona y Reus. Segundo, hace falta que se habiliten los mecanismos para asegurar que una eventual ampliación de la capacidad vaya destinada en gran medida a aumentar las operaciones intercontinentales; en ningún caso, la ampliación se tiene que enfocar en continuar aumentando indiscriminadamente la conexión punto a punto y el low-cost con destinos de corto radio. Y, tercero, no se puede plantear como un conflicto entre crecimiento económico y medio ambiente. La inversión que el operador aeroportuario contempla constituye una gran oportunidad para mejorar de manera significativa la financiación y la gestión del ecosistema del delta del Llobregat, que hoy se encuentra muy deteriorado.
Este ejercicio de defensa del interés público en Cataluña lo tiene que liderar la Generalitat, que es a quien corresponde hacer los análisis técnicos pertinentes y que, una vez disponga de toda la información, tiene que negociar con los agentes implicados (públicos y privados) una solución tan consensuada como sea posible. Hay que actuar con determinación y rapidez. No hacer nada, todos lo sabemos, tiene y tendrá un coste de oportunidad astronómico para la economía catalana.
III. España
La agenda económica española de los últimos años ha estado marcada por diferentes choques que han puesto a prueba la resiliencia del tejido empresarial, la cohesión social y la capacidad de respuesta del conjunto de la clase política y del Gobierno en particular. A pesar de las adversidades, hay que resaltar que en el último año la economía ha evolucionado mejor de lo que se esperaba, aunque el clima político sigue marcado por la polarización y una falta de consenso notable. Cuando estalló la guerra en Ucrania y se dispararon el precio de la energía y de las materias primas, se temía una recesión. A pesar de los malos augurios, si bien en la economía europea la desaceleración ha sido notable, la española ha progresado a un ritmo relativamente sólido.
Sin embargo, cuando levantamos la mirada, constatamos que España ha sido de los últimos países en recuperar los niveles de renta prepandemia. Hace ya tiempo que la capacidad de crecimiento es preocupantemente pobre. La economía española ha tardado quince años en recuperar los niveles de renta per cápita que logró antes de la crisis financiera, en 2007. En cambio, los principales países europeos ya hace años que lo lograron. Así, la distancia entre el PIB per cápita español y el de los países de la zona euro no ha hecho más que aumentar. Mientras que antes de la crisis financiera, la renta per cápita de España era un 9 % inferior a la europea, en 2022 la distancia había aumentado hasta situarse en el 17 %. Una diferencia similar a la que había a mediados de los años noventa. El exiguo crecimiento de la productividad hace que la renta de los ciudadanos españoles, en vez de acercarse a la de los europeos, se aleje de ella.
El contexto no es optimista. El Gobierno tendrá que redoblar los esfuerzos para continuar apoyando a la transformación de la economía y para hacerla más flexible, resiliente y productiva. El ciclo electoral no tendría que ser una distracción. Hasta ahora, el Gobierno ha centrado su actuación en tres grandes ámbitos: medidas para afrontar las presiones inflacionistas, el despliegue de los fondos europeos NGEU y la aprobación de las reformas estructurales comprometidas con Bruselas.
Respecto a las medidas para hacer frente al choque energético y a las presiones inflacionistas, el Cercle d’Economia siempre ha subrayado la importancia de que las ayudas vayan destinadas a los colectivos y sectores más afectados y vulnerables. En este sentido, aunque el enfoque se ha ido corrigiendo, el grueso de las medidas adoptadas ha sido generalista, lo que reduce su eficacia y capacidad redistributiva. Por otro lado, sería deseable evaluar el impacto de las medidas que se implementan con la mayor celeridad posible. Con las nuevas fuentes de información, que permiten seguir la economía en tiempo real y de manera muy granular, ahora esto no solo es deseable, sino que también es factible.
La ejecución de los fondos europeos NGEU también ha ido mejorando con el paso del tiempo, pero todavía sigue muy por debajo de los ambiciosos objetivos iniciales. En 2022 apenas se desembolsaron algo más de una tercera parte de los fondos presupuestados. Sería necesario, pues, reevaluar la capacidad de ejecución, identificar los puntos de congestión y tomar medidas para solucionarlos. Entre otras cosas, seguramente se necesitan más recursos dedicados a ejecutar los fondos tanto en el ámbito estatal como en el autonómico. Además, como ya reclamó el Cercle d’Economia desde el comienzo, el proceso de diseñar y ejecutar los proyectos vinculados al plan de recuperación europeo tendría que ser más transparente. No solo para poder seguirlos mejor, sino también para tener un debate social de más calidad sobre cómo se van materializando.
Agenda reformista
En cuanto a la intensa agenda de reformas estructurales que el Gobierno ha desarrollado, destacan la reforma laboral, la de las pensiones y la de la vivienda. Todos son ámbitos de máxima importancia para mejorar la capacidad de crecimiento de la economía española y para reforzar la cohesión social y reducir la desigualdad.
Trabajo
El laboral ha sido uno de los pocos ámbitos en los que las reformas que se llevaron a cabo contaron con el consenso de los agentes sociales. Seguramente, eso ayuda a explicar su éxito en varios campos. En primer lugar, hay que destacar la reducción rápida e importante de la temporalidad, tanto en el conjunto de empleados como entre los jóvenes. A pesar de que una parte de los contratos temporales han pasado a ser fijos discontinuos, la mayoría del aumento lo concentra la contratación indefinida a tiempo completo. Todavía es pronto para hacer balance del impacto de la reforma, pero es destacable la mejora en la estructura de contratos de ocupación que se ha producido hasta ahora. Después de décadas con una tasa de temporalidad inaceptablemente alta, que llegó a duplicar la europea, hoy España ya se encuentra en cifras similares a las del conjunto de países europeos. Otro de los aspectos positivos de la reforma fue facilitar el uso de mecanismos de ajuste y de flexibilidad interna para proteger las relaciones laborales y los ingresos de las familias en momentos de dificultad económica. En cambio, la reforma volvió a hacer prevalecer los convenios sectoriales sobre los de empresa, lo que dificulta adaptar las compañías a la realidad de su contexto más inmediato. La experiencia sugiere que dentro de un mismo sector pueden convivir circunstancias muy diferentes.
Vivienda
El acceso a la vivienda es fundamental para que toda persona pueda vivir con dignidad y para que la sociedad continúe cohesionada, y España lleva años contando con un parque de vivienda de alquiler social demasiado exiguo para atender las necesidades existentes. Los datos son contundentes. En España la vivienda de alquiler social representa el 1 % del total, mientras que en la OCDE se sitúa en el 7 %. A pesar de la urgencia con la que habría que actuar, el consenso que en este ámbito han conseguido el Gobierno y el conjunto de fuerzas políticas ha sido muy limitado. Además, las medidas adoptadas recientemente podrían presentar contraindicaciones importantes.
Ciertamente, algunas de las acciones emprendidas pueden suponer un revulsivo, como las que dotan de carácter indefinido la vivienda de protección oficial. En las últimas décadas las viviendas VPO pasaban al mercado libre al cabo de unos años, y eso ha impedido la creación de un amplio parque de vivienda pública en España. La provisión de incentivos fiscales a los propietarios que alquilen sus viviendas a precios asequibles también puede ser un mecanismo eficaz. Sería deseable que todo eso se complementara con medidas que fomenten la seguridad jurídica de los propietarios, así como con una revisión de las regulaciones urbanísticas que permita aumentar la disponibilidad de suelo.
En cambio, aquellas acciones encaminadas a intervenir directamente en los precios de las viviendas de alquiler, aunque estén hechas con la mejor de las intenciones, pueden generar efectos no deseados, que se tendrían que ponderar adecuadamente. Los ingresos más bajos que obtendrán las personas que tienen una vivienda de alquiler (la mayoría de viviendas de alquiler está a manos de pequeños propietarios) es muy probable que acaben reduciendo la calidad y la cantidad de oferta, como ya ha pasado en países que han aplicado medidas similares. Penalizar a los grandes tenedores, además de ser una medida arbitraria, dificultará la profesionalización del sector. Finalmente, el aumento de la reserva de suelo para vivienda de protección oficial desincentivará la nueva producción de viviendas, además de encarecerlas, como ya ha pasado en Barcelona.
Pensiones
Seguramente, la reforma del sistema de pensiones era la que más necesitaba un debate público de calidad que permitiera lograr un consenso duradero. Para fomentar un debate propio de una sociedad democrática madura, habría sido deseable disponer de estimaciones del impacto de las medidas planteadas, y el de medidas alternativas, en diferentes escenarios de crecimiento económico y demográfico. Eso habría ayudado a conocer las opciones a nuestro alcance, como también el coste y los riesgos asociados a ellas. Al fin y al cabo, es importante que las decisiones de ahorro a largo plazo se fundamenten en un marco estable en el que todos podamos confiar. Pero también en este caso el consenso que se ha conseguido ha sido exiguo. La incapacidad de los principales partidos para lograr acuerdos en aquellos aspectos que transcienden el ciclo político, y la reforma del sistema de pensiones es su caso más evidente, es una prueba de la falta de madurez de nuestro sistema político.
A grandes rasgos, después de las reformas aprobadas por el Gobierno en este ámbito, está claro que el gasto público subirá de manera sustancial. Sin ningún tipo de duda, la indexación de las pensiones a la inflación y el aumento de las pensiones mínimas comportará un coste significativo. Esto se compensará, en parte, con el incremento de las cotizaciones sociales, concentrado en las rentas más altas, lo que implicará un fuerte aumento de los costes laborales para los trabajadores más cualificados y con una alta movilidad internacional.
La indexación de las pensiones tiene más repercusiones que las presupuestarias, porque en momentos en los que se pide a los trabajadores moderación salarial y se fomenta un pacto de rentas para controlar la inflación, incluir las pensiones en estos acuerdos de moderación habría sido un acto de justicia intergeneracional. La ausencia de un debate previo profundo y consensuado ha llevado a discutir la idoneidad de las hipótesis sobre las que se han construido los escenarios de ingresos y gastos. Estas dudas, compartidas por la propia Airef, erosionan la confianza en la sostenibilidad del sistema de pensiones y alimentan el temor de que se reforme cada vez que el color del Gobierno cambie.
IV. Europa
Las crisis recientes han forzado un cambio radical en la manera en la que los estados miembros conciben la integración europea. Después de décadas de refuerzo del método intergubernamental y de divisiones crecientes entre los estados del norte y los del sur (a raíz de la crisis del euro) y entre el este y el oeste de la Unión Europea (durante la crisis de los refugiados), el Brexit, la pandemia y hoy la guerra en Ucrania han revalorizado los mecanismos conjuntos y el protagonismo de Bruselas en la gestión de crisis. Estas tres crisis han actuado como un tipo de federalizador para la UE, y muchos estados miembros reconocen hoy el riesgo de sostener su política europea únicamente en la primacía de su interés nacional.
Una respuesta conjunta a los retos europeos compartidos
Los mecanismos conjuntos de gestión de crisis se revalorizaron con la creación del programa Next Generation EU, un ambicioso ejercicio de endeudamiento conjunto apalancado en el presupuesto de la Unión, y en la respuesta a la guerra de Ucrania, en la que por primera vez se ha hecho uso de mecanismos comunitarios como el European Peace Facility para la remisión de armamento a Kiev. Los dos son embriones de una verdadera política económica y fiscal común y de una política de seguridad y defensa de alcance realmente europeo. Representan también barreras que, antes de la pandemia y de la guerra, parecían infranqueables.
La respuesta europea a las crisis recientes muestra, pues, el camino que hay que seguir para ser un actor geopolítico clave en esta transición global. A pesar de ello, la UE necesita aun una ambición exterior, una cohesión interna y una visión estratégica superiores a la actual. Las transiciones verde, digital y de seguridad (o la triple transición que la pandemia y Ucrania han puesto de relieve) requerirán mecanismos conjuntos y estructurales de gestión de crisis para un plazo más largo al que prevén las iniciativas actuales. Las reformas asociadas a los fondos Next Generation EU ya superan, de hecho, lo que es necesario para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, aunque el marco temporal y de implementación continúe ligado a lo que en un momento determinado los estados miembros estuvieron dispuestos a aceptar a cambio de un esquema de endeudamiento conjunto.
Avanzar hacia más autonomía estratégica
Si el objetivo es, efectivamente, dotar a la UE de más autonomía estratégica y de liderazgo en las transiciones verde y digital, hará falta un giro mayor en una política fiscal y económica europea que tiene que crear mecanismos conjuntos que complementen las exigencias individuales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En el momento en el que los Estados Unidos ponen en marcha un paquete de ayudas fiscales sin precedentes con la Inflation Reduction Act —con la que pretenden incentivar el consumo, la producción y la inversión medioambientalmente sostenible—, la UE necesita cambiar su marco de referencia en política económica.
Por un lado, tiene que continuar impulsando el mercado único como mecanismo para dotarse de más poder económico y comercial. Hay iniciativas recientes, como la Digital Services Act, la Digital Markets Act o la European Chips Act que son avances en la buena dirección, pero la UE no puede conformarse con ser solo un gran regulador, sino que tiene que reforzar las capacidades propias en los ámbitos centrales de la actividad económica del futuro, incluida la industria verde y digital. Incentivar la reindustrialización, la I+D+I, la tecnología y la colaboración publicoprivada tienen que ser elementos consustanciales de la agenda europea.
Por otro lado, fomentar la libre competencia y limitar las ayudas fiscales en el ámbito nacional tienen que dar paso a poner en marcha recursos propios e incentivos fiscales suficientes a escala comunitaria para que los estados miembros puedan hacer las inversiones y reformas necesarias en condiciones de igualdad. El paquete de ayudas públicas de la Inflation Reduction Act ha vuelto a poner sobre la mesa la dificultad de la UE para actuar de manera conjunta en las grandes transformaciones actuales, ya sea la transición verde, la digital o la seguridad. La mayoría de los incentivos solo se pueden canalizar por medio de los presupuestos nacionales, y las grandes diferencias de margen fiscal dificultan que los estados miembros puedan operar en condiciones de igualdad en Europa. Esto supone un claro riesgo de fractura del mercado único y una creciente divergencia económica y fiscal entre los países de la UE, y todavía más teniendo en cuenta que el Plan Industrial del Pacto Verde de la Comisión Europea no moviliza nuevos fondos comunitarios, sino que se basa en otorgar más flexibilidad a los estados miembros para conceder las ayudas y las subvenciones. La política de competencia de la UE, que tan buenos resultados ha obtenido para mantener y potenciar el mercado único europeo, se enfrenta hoy a la rivalidad creciente que ejercen los nuevos poderes económicos asiáticos, pero también a la competencia que proviene de los Estados Unidos.
El debate europeo en política económica y fiscal, por lo tanto, ya no puede dirimirse entre los partidarios de una gestión compartida del riesgo y los que abogan por reducir primero los niveles de riesgo económico en cada estado. Hoy es urgente adoptar mecanismos que permitan a la UE dotarse de suficientes capacidades para hacer frente a crisis comunes y recurrentes, como por ejemplo un mecanismo de seguro de depósitos común en la eurozona.
El aprovechamiento de los fondos Next Generation EU tiene que ir de la mano del debate sobre la reforma de la política fiscal europea. La unión monetaria del euro continúa sin una unión económica a su altura, y a medida que se acerque el ciclo de maduración de los fondos Next Generation EU y el nuevo ciclo institucional europeo de 2024, estos debates cobrarán centralidad. También se convertirán en centrales las reformas pendientes en el ámbito de la gestión migratoria o de una autonomía estratégica que permita a la UE, efectivamente, consolidarse como un actor relevante en la escena global. La presidencia española del Consejo de la UE durante el segundo semestre de 2023 deberá tejer alianzas constructivas y flexibles entre los estados miembros y disponer de la complicidad de la Comisión Europea para avanzar en la consolidación de los actuales mecanismos de gestión de crisis. El objetivo último de la UE ya no pasa por el sueño inabarcable de la Europa federal, sino por una Unión efectiva que pueda responder, con las mismas garantías que otros actores internacionales, a las transformaciones globales en curso.
V. Conclusión
El 28 de mayo se celebrarán elecciones municipales en toda España y del 6 al 9 de junio de 2024, elecciones al Parlamento Europeo. En España, las elecciones generales serán antes de que acabe el año, y a los ciudadanos de Cataluña también seremos convocados a las urnas en algún momento antes de febrero de 2025. La competencia electoral, legítima y necesaria para el buen funcionamiento de la democracia, no puede ser la excusa para la parálisis o para hacer grandes promesas que pueden incrementar todavía más la deuda pública que acumula España, una deuda que de una manera u otra acabará pasando factura y que tendrán que acabar pagando nuestros hijos.
Pedimos a nuestros políticos que tengan una visión a largo plazo, que transcienda el ciclo electoral, para que tapar boquetes ahora no suponga que se abran agujeros mayores más adelante. El momento en el que vivimos —la transición global— lo pide. En Barcelona, en Cataluña, en España y en Europa.
Para afrontar con más fortaleza esta transición, entendemos que en la ciudad de Barcelona hay que impulsar un proyecto que sea movilizador y genere ilusión. Un proyecto que comprometa el máximo de actores posible y reconstruya la maltrecha alianza entre el Ayuntamiento y el sector privado, como también con el resto de las administraciones, el tercer sector y la sociedad civil. Entendemos que esta alianza no es buena si solo beneficia a unos actores y perjudica a otros. Solo es productiva cuando beneficia al conjunto de los habitantes de la ciudad, la región metropolitana y el conjunto de Cataluña. Pocos casos lo evidencian tan claramente como el debate sobre el aeropuerto y sus implicaciones, un debate que hasta ahora no se ha planteado con suficiente rigor y que tiene que poder hacer compatible tanto la apuesta por mejorar una infraestructura estratégica como una política pública comprometida con la protección de un espacio natural amenazado.
En este replanteamiento de la cuestión del aeropuerto, entendemos que la Generalitat de Cataluña tiene que ejercer el liderazgo. Superada la década perdida, con un gobierno que ejecuta un meritorio giro pragmático y una oposición que apuesta por superar la dinámica de bloques, es la hora de que el autogobierno recupere su autoridad, y para eso hay que priorizar la gestión y mejorar las políticas públicas en asuntos clave. Gestión no implica dejar de plantear demandas que son consensuadas por el grueso de la sociedad catalana, tanto por lo que respecta al modelo de financiación como a la reivindicación de más cuotas de autogobierno. Gestión de calidad significa liderazgo político, y en los últimos años hemos estado demasiado faltos de él.
La falta de liderazgo no es un problema del gobierno español actual. Hoy la dificultad principal de la política española es una dinámica de polarización parlamentaria de los dos grandes partidos, que tiene consecuencias preocupantes desde un punto de vista legislativo y en la implementación de una agenda reformista. El consenso siempre es garantía de una política más estable. La falta de consenso debilita al Estado; los casos más destacados los hemos analizado en esta nota. La falta de un debate de calidad no solo empobrece al poder legislativo, sino que puede provocar también consecuencias no deseadas en asuntos tan trascendentes como la creación de un parque de vivienda público de alquiler o el aumento de la deuda pública que la reforma del sistema de pensiones puede provocar.
El diagnóstico de la situación que hace el Cercle d’Economia está elaborado actualizando los valores fundacionales de una institución de la sociedad civil con más de sesenta años de historia. Son valores de defensa de la democracia y la Unión Europea, como los que encarna Rafał Trzaskowski, el alcalde de Varsovia, en quien este año ha recaído el premio Cercle d’Economia a la Construcción Europea. Una Unión Europea que sigue necesitando ambición como potencia internacional, cohesión interna para afrontar las transiciones verde, digital y de seguridad y una apuesta decidida por la autonomía estratégica para hacer frente a las transformaciones globales en curso.
Como hemos hecho siempre, queremos participar del debate público identificando los retos y fijando las prioridades de una sociedad en la que reducir las desigualdades solo es posible si se crean las condiciones para el crecimiento económico. Se trata de continuar haciendo lo que siempre hemos hecho. Identificar retos y prioridades. En el Cercle d’Economia queremos entender el presente para reactivar el futuro.
