Las sociedades occidentales viven momentos de creciente polarización, una dinámica que vacía el centro político, dificulta la negociación parlamentaria e impide los acuerdos transversales que necesitan las sociedades plurales para avanzar. Se resiente así el propósito de la política como herramienta para responder a las necesidades de la ciudadanía. Esto es especialmente preocupante en un contexto de superposición de crisis, nacionales e internacionales, que afectan a su vida diaria: la crisis energética y la inflación, las consecuencias internacionales de la guerra en Ucrania, la emergencia climática, los retos sociales de la globalización y la digitalización, el debilitamiento del multilateralismo o los choques comerciales entre grandes potencias. Estas crisis, complejas y de naturaleza entrelazada, aceleran la necesidad de alcanzar amplios consensos en favor de políticas públicas efectivas y de largo alcance.
Las democracias europeas no se encuentran inmunes a la deriva antipolítica. Los ejemplos son conocidos por todos. La tensión a la que se ven sometidas nuestras sociedades es un campo abonado para la demagogia y el extremismo. Como señalamos en nuestra anterior nota de opinión, la guerra en Ucrania va a requerir un esfuerzo compartido para alcanzar consensos en materias tan sensibles como la política energética, la inflación o los flujos migratorios. En ese sentido, los partidos que gobiernan o que tienen vocación de gobierno son los principales responsables de revertir las dinámicas de confrontación partidista. Ahora el no acuerdo a menudo es considerado un incentivo electoral, pero el precio que las sociedades pagan por la polarización partidista es grave y sistémico.
En este contexto, el Cercle d’Economia, fiel a sus principios fundacionales, considera necesario apelar a la responsabilidad de nuestros líderes políticos. De la misma manera que durante los últimos años hemos insistido en la necesidad de respetar el Estado de derecho como condición necesaria de la política en las democracias liberales, consideramos también que hace falta recordar a nuestros líderes cuál debe ser su cometido: el acuerdo para desarrollar políticas públicas destinadas a fomentar el bien común. Nuestra reflexión responde a dos asuntos, situados en planos diferentes, que afectan uno a la política española y otro a la catalana, y que tienen en común la necesidad de reconstruir el consenso político para fortalecer nuestra democracia y responder a las necesidades sociales.
La renovación del CGPJ
El primero es la enquistada renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este órgano fundamental lleva cuatro años caducado, y la principal responsabilidad de ese colapso no es atribuible a los jueces, sino a los partidos políticos. Así lo percibe la Comisión Europea, que, a través del comisario de Justicia, ha explicitado que se debería renovar de manera prioritaria. Así lo percibe también la sociedad española: según una encuesta elaborada para el CGPJ en mayo de 2021, «para el 87% de los españoles, las dificultades para renovar a los vocales del Consejo se deben a que los partidos políticos tienen más interés en tratar de nombrar a personas que consideran ideológicamente cercanas que en llegar a acuerdos para seleccionar a las más preparadas». Desde entonces nada ha cambiado.
La ruptura de las negociaciones por parte del principal partido de la oposición cuando el acuerdo estaba a punto de subscribirse es lamentable desde cualquier ángulo. Un partido que apela continuamente a los valores constitucionales no puede incumplir, con este bloqueo sistemático, los deberes que la propia Constitución le impone. Ahora el pretexto ha sido la reforma del Código Penal en materia de sedición. El Cercle d’Economia, que apoyó la concesión de los indultos, entiende que puede ser una medida que ayude a encauzar el conflicto territorial y a devolverlo al ámbito de la negociación política. No obstante, consideramos que debería abordarse en un proceso legislativo más reflexivo, en el marco del cual se tipifiquen adecuadamente los delitos y se ponderen las penas a aplicar. En cualquier caso, entendiendo que genere controversia política y sea difícil de comprender para una parte de la sociedad española, la modificación de las normas penales no debe mezclarse con el mandato constitucional de renovación del CGPJ. La democracia se deteriora si los líderes políticos no velan por el respeto a las instituciones sobre las que se asienta. Y la justicia, recordémoslo, es uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. La confianza de los ciudadanos en su buen funcionamiento es necesario para el desarrollo económico y social del país.
La situación de interinidad en el máximo órgano de la magistratura vino agravada por la modificación legal de marzo de 2021, que impide al Consejo hacer nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de sus Salas, presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, entre otros cargos, si sus miembros se hallan en funciones por haber caducado sus mandatos. Esta norma, aprobada con los votos de la mayoría de gobierno, iba destinada a poner presión al principal partido de la oposición para que diera su brazo a torcer. Pero lejos de allanar el camino del acuerdo, la reforma exacerbó el enfrentamiento, lo que agravó el perjuicio al funcionamiento del sistema judicial y afectó muy particularmente al Tribunal Supremo, que tiene en estos momentos 17 de sus 78 plazas de magistrado por cubrir.
Cuando en nuestro país la justicia se halla más necesitada de medios materiales y humanos para mejorar su eficacia, el oportunismo político rema justo en sentido contrario, al impedir el normal funcionamiento de sus más altos tribunales. Todavía resulta más grave que se proyecte un aura de descrédito sobre su independencia por la falta de una voluntad política compartida. El Cercle d’Economia apela al conjunto de las fuerzas políticas, y en especial a los dos principales partidos, a retomar de inmediato la negociación con la finalidad de desbloquear el acuerdo. No hacerlo es una irresponsabilidad que debilita nuestras instituciones y cercena la credibilidad del sistema democrático.
Presupuestos ante la parálisis
El segundo tema, en un plano muy distinto en ámbito y trascendencia, es la necesaria aprobación de unos presupuestos para que el gobierno de la Generalitat pueda ejercer sus tareas en beneficio de todos los ciudadanos. También esto viene condicionado por la polarización a la que está sometida la política; en este caso, la catalana. Las agendas partidistas e incluso personales podrían imponerse al bien común, pero la aritmética parlamentaria es tozuda y la única manera de sacar adelante los presupuestos es mediante un acuerdo entre las principales fuerzas políticas. En el fondo, ello supone una oportunidad para salir de la dinámica de bloques en la que lleva instalada la política catalana desde hace años. Estas dinámicas polarizadoras son profundas y de largo alcance, por lo que la tentación de seguir en las trincheras es difícil de vencer. Es legítimo que unos y otros escojan el camino que, aparentemente, mejor puede servir a sus intereses, como mínimo a corto plazo. Pero mantenerse en la trinchera sería un acto profundamente irresponsable por parte de los partidos que tienen vocación de gobierno.
Hoy la prórroga presupuestaria no es una opción. La economía catalana todavía no se ha recuperado del golpe que supuso la pandemia, y la crisis energética y las presiones inflacionistas vuelven a poner en aprietos a los colectivos más vulnerables y a amplios sectores del tejido productivo del país. En términos económicos y sociales, la prórroga de los presupuestos no permitiría desplegar todos los recursos públicos disponibles, precisamente cuando son más necesarios. El precio de la irresponsabilidad tiene una cifra: 3.098 millones de euros, el aumento de la capacidad de gasto de la Generalitat para 2023, que ya ha sido validado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que si no se aprueban unos nuevos presupuestos quedaría en el aire.
En estas circunstancias, la capacidad para repriorizar las partidas de gasto también se vería seriamente limitada, por lo que no se podrían redirigir los recursos a los colectivos o sectores que más lo necesitan. Es cierto que existen mecanismos para sortear estas limitaciones, pero solo de forma parcial. Sin unos presupuestos nuevos, el gobierno de la Generalitat no podría aprobar nuevas inversiones. Ello agravaría todavía más la falta de inversión pública en Cataluña, pues el ritmo de ejecución de las inversiones estatales se mantiene en mínimos inaceptables y, lejos de corregirse, se va agudizando. En el primer semestre de este año, solo se ha ejecutado el 16% de la inversión estatal prevista en Cataluña, por el 25% de promedio en España y el 52% en la Comunidad de Madrid. Una situación preocupante y que viene de lejos. En el periodo 2015-2021, la inversión estatal por habitante y año fue de 104 € en Cataluña, frente a los 187 € de la Comunidad de Madrid.
Aparte de la parálisis de la inversión pública, también sería muy difícil aprobar medidas de apoyo a familias y empresas para amortiguar el impacto de la crisis energética. Por ejemplo, si no se aprueban los presupuestos para 2023, quedaría en suspenso el paquete de 300 millones de euros anunciado por el Gobierno de la Generalitat en el debate de política general, y que se preveía destinar a la transición energética, la educación y el apoyo a los colectivos más débiles. Cataluña no se lo puede permitir. En materia energética, por ejemplo, hace demasiados años en que domina la parálisis. Desde 2015, en Cataluña la capacidad de producción de energía renovable solo ha aumentado un 4%, mientras que en España ha crecido un 34%. Así, en Cataluña la producción de energía hace más de una década que está estancada en el 18%; en cambio, en España ha aumentado de forma destacable hasta situarse cerca del 50%. Cataluña no solo no debe quedarse atrás, sino que debe aspirar a ocupar posiciones de liderazgo en la transición energética, y dispone de los recursos suficientes para hacerlo. Transición energética y desarrollo industrial irán de la mano. Proyectos como el BarMar deben ser aprovechados para situar a Cataluña como un actor clave en materia energética en el arco mediterráneo. Los fondos Next Generation EU, cuya dotación para Cataluña supera este año los 2.700 millones de euros, y en el que los proyectos destinados a la transición energética tienen un peso muy importante, deben ser aprovechados. También se deben aprovechar los fondos para el desarrollo y la transformación industrial, en los que Cataluña tiene una ventaja competitiva, lo que permitiría hacer de ella una región de referencia.
Política ante la incertidumbre
Nuestro presente está atravesado por crisis complejas y entrelazadas. Esta realidad ensombrece el horizonte democrático y tensiona la sociedad. Ante la incertidumbre que paraliza, la buena política puede y debe comprometerse con su propósito: el bien común a través del fortalecimiento de la calidad democrática. Es urgente que los partidos con vocación de gobierno, tanto en Cataluña como en España, tengan una mirada amplia y de largo alcance. Más allá de su posición, deben favorecer la acción de gobierno en los aspectos centrales del país. En tiempos en que las pulsiones polarizadoras son fuertes, los líderes políticos no deben sucumbir a las presiones de sus bases más vociferantes, sino asumir su responsabilidad. Actuando así, no solo cumplen con su cometido público. Con el diálogo y la transacción desde el respeto mutuo como valores centrales, cultivan el espíritu que sostiene a toda sociedad democrática en pro del interés social.
Noviembre, 2022
