España volverá a salir de una crisis, la provocada por la Covid-19, peor que sus homólogos europeos. La falta de políticas compartidas de largo alcance, que sobrevivan diferentes legislaturas, lastra una vez más nuestro potencial como país. Las sucesivas crisis que ha vivido España desde 2008 evidencian la necesidad de que sus instituciones y su sociedad civil articulen un proyecto común generador de ilusión colectiva. Un modelo que exige reformas y unidad. Los fondos Next Generation nos proporcionan una nueva oportunidad de reformar nuestro modelo productivo. Esta vez no podemos fallar.
Tras la trágica Guerra Civil y una dictadura de cuarenta años, nuestro país recuperó la fe en sí mismo con una transición que, aunque convenga revisarla desde un análisis histórico riguroso, proyectó la imagen de España como una joven democracia capaz de superar sus demonios históricos. Fue tomada como modelo desde Latinoamérica hasta los países del Este europeo en sus respectivas transiciones hacia la democracia.
El Círculo de Economía nació y maduró en ese contexto, y ya en los años sesenta y setenta del siglo xx propugnó una España modernizada, articulada en Europa, democrática e integradora. Esos valores cristalizaron en el país que se incorporó a la Comunidad Europea en los ochenta y proyectó su mejor imagen durante las siguientes décadas. En ese contexto, nuestra economía abordó el reto de la competitividad internacional con audacia. España se convirtió en el primer inversor en Latinoamérica y nuestras empresas se internacionalizaron.
Pero la crisis financiera e inmobiliaria iniciada en 2008 puso a España ante una serie de problemas que, lejos de solventarse, se han agudizado con el paso del tiempo y que la pandemia de la Covid-19 ha evidenciado con crudeza. Son problemas que de hecho ya arrastraba desde hace décadas, y que ningún gobierno, del color que sea, ha tenido la valentía de afrontar. Llevamos décadas sin hacer los deberes y cada nueva crisis nos lo recuerda.
La mayor tasa de desempleo estructural de Europa; la injusta dualidad del mercado de trabajo, especialmente gravosa para los jóvenes; un sistema educativo lastrado por la falta de consenso y no adaptado a las necesidades de la economía real; el fracaso escolar; la falta de inversión en I+D+I, y una productividad estancada han dado lugar a un entorno pobre en oportunidades para nuestros jóvenes.
La falta de consenso político en torno a grandes reformas siempre aplazadas no ha hecho más que acentuar tendencias disruptivas que cercenan nuestra competitividad y erosionan el sentido de pertenencia de la ciudadanía.
Exigimos, por lo tanto, políticas reformistas consensuadas que una mayoría parlamentaria acepte para los próximos diez años. Reformas que inviertan en la gente y su talento, a menudo lastrado por las políticas públicas; inversión en todas las fases educativas, desde las guarderías hasta los doctorados; inversiones sistemáticas en el tiempo, porque sólo obtendremos resultados desde la constancia; políticas a largo plazo, que se extiendan durante varias legislaturas. Si España cambia toda su política económica, industrial y educativa cada cuatro años, nunca alcanzará los niveles de bienestar y cohesión que disfrutan sus homólogos europeos.
En el ciclo de debates acerca de España en el contexto geopolítico de la pospandemia, celebrado en nuestra sede en los últimos meses, hemos ido analizando los que consideramos que son los mayores retos que nuestro país debe abordar. Este análisis, como decimos, debe realizarse retirando el objetivo y poniendo las luces largas que apuntan a reformas consensuadas y sostenibles. Al propio tiempo, debemos situar la reflexión en los movimientos tectónicos que las placas geopolíticas van dibujando.
La mejora de nuestro sistema productivo
La economía española necesita incrementar su productividad y ganar competitividad potenciando determinados nichos que actúen como tractores. La crisis iniciada en 2008 hizo aflorar una excesiva dependencia del ladrillo, y la actual, derivada de la pandemia de la Covid-19, del turismo de masas. Tanto la construcción como el turismo son sectores que debemos cuidar. La recuperación de este último va a ser un factor decisivo para salir de la crisis planteada por la pandemia. Pero sin duda el modelo turístico va a mutar y debemos estar muy atentos en la respuesta a las nuevas demandas que una sociedad más selectiva y más exigente en materia sanitaria, cultural y ecológica va a plantear.
Además, deben aprovecharse los fondos Next Generation para incrementar nuestra inversión en I+D+I y emprender proyectos ambiciosos que contribuyan a potenciar sectores y empresas de mayor valor añadido. Hemos analizado los ejes sobre los que se debe reconstruir nuestra economía en tres comisiones. En primer lugar, la sanidad. Una sociedad como la nuestra, con un alto poder adquisitivo y una esperanza de vida cada vez mayor, reclama una fuerte inversión en nuestros sistemas sanitarios; el logro científico conseguido desarrollando las vacunas contra la Covid-19 en un tiempo récord debe servir de acicate para la inversión en un sector en el que nuestro país puede realizar una contribución relevante. En segundo lugar, la transición hacia un modelo energético sostenible y compatible con la lucha contra el cambio climático. El llamado Green New Deal debe servirnos para apostar decididamente por las energías limpias y reconvertir nuestra industria automovilística, y actuar además como catalizador de un crecimiento sostenible y selectivo, frente a quienes propugnan políticas de decrecimiento que solo conducen al bloqueo sistemático de iniciativas y proyectos. En tercer lugar, la digitalización y la inteligencia artificial han de contribuir a hacer nuestro sector público más eficiente y nuestras empresas más competitivas. No debemos tener miedo a la digitalización. Generará distorsiones, sin duda, y a corto plazo puede provocar desempleo, pero es la única vía para aumentar la tan ansiada productividad. Estas disfunciones deberán ser tratadas con políticas públicas decididas. El reciclaje profesional tendrá un papel muy importante.
Las administraciones públicas deben tener como prioridad aprovechar esta oportunidad para relanzar nuestro sistema económico y trabajar de manera coordinada, poniendo las bases para que el tejido empresarial gane competitividad. Para ello es esencial que la definición de prioridades quede bien estructurada, los criterios de selección de proyectos sean transparentes y la canalización de recursos se efectúe de manera eficiente. Nuestro país ha aprovechado poco hasta ahora las oportunidades que le han brindado los fondos europeos, por lo que es urgente poner en marcha los mimbres organizativos necesarios para aprovechar esta oportunidad.
España hizo solo parte de los deberes en la salida de la crisis de 2008. Se desaprovechó la oportunidad de reorientar nuestra economía hacia la productividad y la creación de valor. Mientras el resto de las economías de la Unión Europea avanzaban en productividad, nuestro país se ha estancado en las últimas dos décadas. No es de extrañar, cuando tenemos una de las ratios más bajas de inversión en I+D+I. En la última década se han realizado tan solo las reformas impuestas por Europa: el saneamiento de nuestro sistema financiero y la reforma parcial del mercado de trabajo. Pero se han dejado sin afrontar reformas básicas como la de nuestro sistema educativo, el mercado de la vivienda o el sector energético. No podemos repetir ese error cuando los fondos Next Generation nos brindan la oportunidad de reinventarnos de una forma coordinada con el resto de Europa.
La actual crisis ha evidenciado la importancia de contar con un sector industrial potente y resistente frente a las potenciales disrupciones de las cadenas globales de valor. La oportunidad que nos brinda Europa debiera ser aprovechada para impulsar nuestra industria, con el objetivo de pasar del 16 % que ahora representa en el conjunto del PIB a un 20 %. Aunque aún nos situaríamos lejos del 26 % de Alemania, ello constituiría revertir claramente la tendencia.
Un entorno institucional propicio
El relanzamiento de nuestro sistema económico requiere un entorno institucional de calidad. El actual clima de polarización en todos los niveles de la política española es corrosivo. La política debe revertir su actual dinámica partidista para buscar consensos en materias básicas, que van desde la renovación de los órganos que integran el bloque constitucional hasta la selección de los proyectos que van a ser financiados con los fondos Next Generation, pasando por una redefinición de la política sanitaria o cuestiones candentes como el pago por el uso de las autovías.
El debate público debe dejar a un lado la descalificación sistemática y el recurso a la demagogia para centrarse en la confrontación transparente de ideas y proyectos. Por otra parte, nuestro país saldrá de la pandemia fuertemente endeudado y con un alto grado de presión social. Se trata de escenarios abonados para los discursos populistas de uno y otro signo. Es por tanto esencial lograr acuerdos en temas clave como la reforma de las pensiones y en general en torno a las medidas dirigidas a enfocar la consolidación fiscal sin un deterioro del estado de bienestar.
Un entorno propicio para la inversión y el emprendimiento requiere ante todo un sistema normativo previsible que asegure la aplicación efectiva de las leyes. En cambio, estamos presenciando una disminución progresiva de los niveles de seguridad jurídica. Las inversiones, como los citados ciclos de innovación, se realizan para periodos largos. Las normas, la regulación, deben tener en cuenta estos tempos.
La mayor cuota de responsabilidad recae en quienes tienen encomendadas las tareas de gobierno. Y nos estamos refiriendo al gobierno español, a los gobiernos autonómicos y a los municipales. En todos ellos encontramos un exceso de oportunismo y un defecto de sentido de la responsabilidad.
Gestión pública más eficiente
La regeneración institucional debe ir acompañada de una decidida promoción de la colaboración publicoprivada. La corrupción sistémica que floreció al calor del boom inmobiliario y la financiación de los partidos políticos ha generado una reacción de desconfianza mutua entre los nuevos gestores de la cosa pública y el empresariado. Es esencial promover una nueva dinámica colaborativa en la que el sector privado no vea a las administraciones públicas como un lastre y estas no contemplen la iniciativa empresarial con reticencia.
La administración requiere reformas que la hagan más productiva, entre las que cabe destacar la introducción de elementos de competitividad y medidas del desempeño, así como la profesionalización de los altos cargos y su orientación a resultados. Y, al propio tiempo, el rigor en la lucha contra la corrupción no debe ser un factor disuasorio de la colaboración con la iniciativa privada.
Tenemos unas administraciones públicas excesivamente mediatizadas por la lucha política, en la que la aproximación dogmática prevalece en demasiadas ocasiones sobre el análisis racional de coste y beneficio. A la tradicional lentitud e ineficiencia de nuestras administraciones, se ha añadido un factor paralizante que parece encontrar el único norte de actuación en el cumplimiento normativo, con lo que se pierde de vista que la finalidad es la resolución de problemas y el desarrollo de los servicios al ciudadano.
Políticas sociales
La pandemia ha evidenciado la necesidad de invertir mejor en nuestro sistema de salud. Al mismo tiempo, los retos de la competitividad en un mundo en transformación requieren potenciar la inversión en educación y mejorar su gobernanza: las tasas de abandono escolar españolas son las más altas de Europa y nuestro mercado de trabajo mantiene un paro estructural de un promedio del 17 % desde 1980, con una tasa de temporalidad del 25 %, frente a un 14 % de media en la Unión Europea. Resulta perentorio potenciar nuestra formación profesional en estrecha colaboración con el tejido empresarial y orientar los grados que ofrecen nuestras universidades a las necesidades que plantea el sistema productivo. El elevadísimo paro juvenil, la tardanza en la emancipación del hogar paterno y una natalidad en niveles mínimos son fenómenos que evidencian la crisis del pacto intergeneracional. Solo preparando más y mejor a los jóvenes, proporcionándoles ayudas e incentivos a la emancipación e invirtiendo en la formación continuada durante todo el ciclo de vida activa podremos revertir este lamentable bucle.
Las
inversiones que estas reformas requieren deben realizarse con políticas de
trazo fino que deben ir acompañadas por medidas dirigidas a incentivar la
creación de empresas y atraer a los emprendedores. Y deben poder ser compatibles con una fiscalidad justa,
y ciertamente progresiva, pero nunca desincentivadora o confiscatoria.
Portugal es un buen ejemplo de que ello es posible.
El modelo territorial
Las cuestiones que anteceden son difíciles de abordar si España no afronta con valentía y amplitud de miras el debate sobre su modelo territorial. La tensión entre centro y periferia ha sido y es el problema más grave de España en su definición como país. Decía Ortega y Gasset que España era el problema y Europa la solución. Pero la integración plena en las instituciones europeas no ha resuelto el tema, si bien es cierto que le ha cambiado el plano. Y es allí donde debemos buscar soluciones. La tensión entre centro y periferia en nada ayudará a resolver la cuestión. Es por el contrario en la colaboración entre comunidades, en un marco de mayor integración europea, donde podemos encontrar las vías de redefinición de España como país.
Vivimos en un entorno global en el que las ciudades actúan como foco de atracción; tienden a vaciar todo lo que se halla alejado de su radio de influencia. En este marco, Madrid debe ser consciente de que ser favorecida por el efecto capitalidad, acentuado por la presencia de las sedes de las principales empresas, acarrea una importante responsabilidad. La capitalidad de Madrid no puede actuar como aspiradora de recursos del resto de España. No asumir una posición autoconsciente de su papel como capital puede llevar a una fuerte desafección en el resto del país.
El caso catalán es paradigmático. Se afirma que la inestabilidad derivada del proceso independentista provoca estancamiento. Es cierto, y lo reiteramos aquí y ahora: Catalunya debe salir de la parálisis actual y centrar todas sus energías, que son muchas y poderosas, en volver a ser el motor económico de España; lo tiene todo para serlo. Pero ello no quita, y también lo ha denunciado el Cercle en innumerables ocasiones, que la centralización económica venía ya de antes y fue promovida de forma decidida desde el gobierno español en diferentes fases. Como también es cierto que Catalunya está infrafinanciada y que el modelo actual del sistema de financiación autonómica lleva ya años caducado. La polarización política, tanto en el plano catalán como español, no hace más que acentuar las tendencias disgregadoras.
Madrid no debe concebir el resto de España como su caja de resonancia y, por su parte, el independentismo catalán tiene que entender y explicar con honestidad a su electorado que, en una democracia representativa, reconocida internacionalmente como un Estado de derecho y plenamente integrada en Europa, los experimentos unilaterales no son admisibles.
El Círculo de Economía apoya políticas de cooperación con otras ciudades y comunidades autónomas para presentar un modelo territorial basado en la pluralidad y la cohesión territorial, donde la sana competencia vaya acompañada de vínculos colaborativos dirigidos a promover el bien común. Una dinámica de confrontación directa con Madrid no nos va a llevar más que al fracaso y la frustración. Barcelona y Cataluña deben mirar fuera de España en la carrera por la competitividad global y tomar como modelo otras ciudades y países que están siendo capaces de atraer el talento y la inversión. Por otra parte, debemos tejer una red de complicidades en el seno de España para promover un nuevo modelo de integración territorial que nos permita abordar, con serenidad y sin las estridencias que todo lo infectan, los restantes retos que se nos presentan.
El soberanismo debe, pues, poner las luces largas y comprender que su proyecto, si tiene viabilidad, será a largo plazo. Entre tanto, es preciso hacer política en España y las alianzas más evidentes se hallan en el eje mediterráneo. A partir de allí, los partidos de raíz catalana deben ser propositivos en defensa de un modelo común que, abogando por el equilibrio territorial, contribuya al relanzamiento de Cataluña. En esa línea debe priorizarse una reforma de la financiación autonómica que corrija progresivamente los desequilibrios existentes e implante el principio de ordinalidad. Las inversiones en infraestructuras deben guiarse por criterios de racionalidad económica y orientar nuestra economía hacia una estructura nodular y descentralizada, al tiempo que se avanza en un modelo federal que, siguiendo el ejemplo alemán, promueva la distribución territorial de las estructuras estatales.
En definitiva, una reforma consensuada del modelo territorial contribuiría decisivamente a reactivar el proyecto colectivo de España y liberaría energías para concentrarlas en los grandes retos que plantean la revolución tecnológica, la sostenibilidad ambiental y la competencia global.
Proyección exterior
Finalmente, debemos señalar que España debe definir su política exterior: asentar su papel en el seno de la Unión Europea y proyectar su imagen en los entornos con los que más interactúa. Tras Europa, Latinoamérica, por razones de comunidad cultural, y África, por la cercanía geográfica, deben ser prioridades de nuestra acción exterior. La proyección exterior y la autoconciencia de nuestro papel en la comunidad global son elementos esenciales en la recuperación de nuestra autoestima como país.
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Es preciso abordar los retos indicados con serenidad y sin catastrofismos. Es cierto que la política no acompaña. La polarización, alimentada por un cierto desgarro social, ha dado lugar a episodios tan inquietantes como la negativa de Trump a reconocer su derrota o el asalto al Capitolio. La deriva autoritaria en países del Este europeo y la extensión del discurso iliberal es preocupante, como lo es también el clima de tensión creciente entre Estados Unidos y China.
No obstante, los planes de reactivación del presidente Biden en Estados Unidos y los pasos dados por la Unión Europea nos hacen ser moderadamente optimistas. Es cierto que el paquete Next Generation es reducido en comparación con los grandes planes norteamericanos. También que la gestión sanitaria por parte de la UE ha resultado torpe en sus inicios. Pero debemos ser conscientes de que la Unión Europea no es un Estado federal y no podemos exigirle más de lo que puede dar. La realidad es que se han dado dos pasos enormes en materia de cohesión: en Europa la vacunación está avanzando decididamente y se ha evitado una competencia fratricida entre los estados por el acceso a las dosis. Además, los fondos Next Generation son un primer paso hacia una federalización que hace tan solo dos años hubiera resultado inconcebible.
No podemos, pues, renegar del proyecto europeo, que es la estructura política más innovadora generada en el siglo xx. El Círculo de Economía tiene el europeísmo en su ADN y, en esta línea, ha decidido impulsar el premio a la Construcción Europea, que en su primera edición se concede a Mario Draghi por su contribución decisiva al afianzamiento de la Eurozona en su etapa como presidente del BCE (2011-2019).
Tampoco cabe descargar toda la responsabilidad en los dirigentes públicos. Desde la sociedad civil debemos ser propositivos y pedir a las instancias políticas altura de miras y sentido de estado para anteponer los intereses comunes a los de partido. No cabe abdicar de lo público. Nuestros hijos y nietos no entenderán que no hayamos luchado por dejarles una Europa mejor. La reconstrucción debe redireccionar Cataluña y España por la senda de la concordia y el progreso sostenible. Ese es el legado que debemos dejarles y va a depender de las decisiones que tomemos en los próximos años.
