La pandemia provocada por la Covid-19 nos ha llevado al límite en todo. Supone un cambio de época que nos obliga a repensar las políticas públicas y la manera de gestionarlas y proponerlas. Nada volverá a ser igual. Eso exige de quienes tienen la responsabilidad de asumir la gestión de la crisis que adopten una forma de aproximación a los problemas más porosa y sensible a las exigencias de una sociedad que espera ser acompañada en su inseguridad y sensación de pérdida de control sobre sus proyectos de vida. La cooperación se impone porque nadie tiene capacidad para resolver los problemas por sí solo. Es urgente desarrollar una lógica de cooperación basada en el entendimiento, el respeto y la generosidad. Entendimiento que alimente pactos y acuerdos. Respeto que integre a los otros en nuestras decisiones. Generosidad que mutualice, más allá de la estricta solidaridad, un clima de concordia que transmita que la convivencia importa si queremos seguir construyendo entre todos una sociedad civilizada.
Hoy la política ha de ser el instrumento que haga posible la esperada resiliencia. No solo la política económica, sino toda ella. Debe ser capaz de reactivar la actividad económica y encontrar los vectores de crecimiento que nos permitan recuperar la prosperidad perdida. Pero debe ser capaz también de reactivar a la sociedad e impedir su desmoralización. Para ello urge una política ejemplar. Una política en grande, que piense y actúe en grande. Que comprenda que tiene ante sí un momento histórico que es una encrucijada para recuperar la confianza y progresar desde la convicción de que las cosas irán a mejor.
I. Un contexto i unas perspectivas muy preocupantes
La pandemia que estamos sufriendo está sacudiendo el mundo a todos los niveles.
Ha llevado al límite a los sistemas sanitarios, incluso en los países más desarrollados, y está generando un drama humano que no esperábamos volver a vivir nunca. También nos está poniendo a prueba a nivel individual y colectivo. Históricamente, en momentos de máxima dificultad como el actual, hemos visto cómo se modificaban de forma acelerada las relaciones entre países: en algunos casos se reforzaban los lazos que los unían y, en otros, se deterioraban. Ya estamos viendo dinámicas tanto en un sentido como, desgraciadamente, también en el otro, dañando el orden multilateral que había sido concebido como eficiente mecanismo de estabilidad.
El impacto económico está siendo fortísimo y generalizado.
La caída del PIB del segundo trimestre de este año será de dos dígitos en la mayoría de los países desarrollados. Registros de esta magnitud sólo los habíamos observado en épocas de guerra. Y todo apunta a que tendremos que convivir con el virus un tiempo más, mientras no tengamos una vacuna o un tratamiento efectivo. La incertidumbre, por tanto, seguirá siendo muy elevada y la crisis económica, persistente. La mayoría de las previsiones apuntan a que tardaremos años en recuperar los niveles de actividad previos a la Covid-19. El Banco Central Europeo, por ejemplo, espera que el PIB mundial retroceda este año casi un 5%, una recesión mucho más profunda que la experimentada en 2009, cuando el PIB global sólo acabó retrocediendo un -0,1%. Para la Eurozona, espera un retroceso cercano al -9% y que no recupere los niveles previos a la crisis hasta el año 2022 o 2023.
Los pronósticos para la economía española todavía son más preocupantes y todo apunta a que la crisis económica será más severa que en muchos países desarrollados, por las estrictas medidas de confinamiento que se tuvieron que tomar o porque hay sectores que son muy sensibles a las restricciones a la movilidad y que en España son especialmente relevantes, como el turismo. Y también por el elevado peso en la economía de las pequeñas empresas, más vulnerables. El Banco de España pronostica que la caída del PIB se situará alrededor del -11,6%, y que la recuperación podría ser aún más lenta que en la Eurozona. Preocupa, y mucho, el impacto que esta situación pueda tener a nivel social y, especialmente, sobre los colectivos más vulnerables.
Para hacer frente a una crisis de esta magnitud la política, en mayúsculas, debe volver a ser el instrumento que vertebra la sociedad, ofreciéndole mecanismos para hacer frente a los momentos difíciles que vivimos, y movilizando con un proyecto de futuro ilusionante y compartido. La política tiene que estar a la altura del momento histórico en el que nos encontramos. Es imprescindible para que nuestra joven democracia madure.
II. La respuesta de política económica es y seguirá siendo clave
Estamos obligados a llevar a cabo una respuesta de política económica rápida, contundente, efectiva y transformadora.
De entrada, tal y como hemos manifestado desde el inicio de la crisis, creemos que se deben tomar medidas para amortiguar el impacto sobre las familias y las empresas, poniendo especial atención a los colectivos más vulnerables. Así se está haciendo en la mayoría de los países desarrollados. Esta es la fase en la que nos encontramos inmersos hoy en día. Muchas instituciones y agentes sociales, especialmente las organizaciones empresariales, ya han hecho sus aportaciones a las diferentes administraciones en este sentido, que en general consideramos válidas y que suscribimos.
Desde el Cercle d’Economia creemos que también hay que poner la mirada en el medio y largo plazo, es decir, en la toma de medidas para transformar y relanzar la economía.
Es imprescindible desarrollar una visión de futuro, y se destinarán recursos para que ésta se haga realidad y fortalezca la cohesión social del país. La Covid-19 nos afecta a todos, pero habrá países que sabrán transformar la crisis económica en una oportunidad para salir reforzados, económica y socialmente. Y los países que no logren hacer este paso transformacional serán los que acabarán sufriendo más persistentemente las consecuencias de la crisis, y los que probablemente verán como la cohesión social se acaba deteriorando más.
III. Europa da un nuevo paso adelante
Europa vuelve a ser una palabra esperanzadora. Nos devuelve la confianza en ella, en su capacidad movilizadora de ser una oportunidad de cambio real. Asistimos a un momento refundador sobre la base de los hechos. De nuevo los hechos, como otras veces en la historia de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, han vuelto a ser determinantes en la construcción de nuestra Unión.
El camino que estrena la Unión Europea para responder a la situación actual demuestra su voluntad de ser un actor político fundamental. La aprobación del plan de recuperación económica es una noticia excepcional. A corto plazo, permitirá que se refuercen las medidas de estímulo de la demanda y de mejora de la capacidad productiva. También facilitará la adaptación de nuestra economía a algunos de los grandes retos que afrontamos, como la transformación digital y la transición energética.
Los recursos que se emplearán no son nada despreciables. Concretamente, el plan de recuperación europea, llamado Next Generation EU, movilizará 750.000 millones de euros entre ayudas directas y créditos. El 5% del PIB de la UE. A esto se le debe sumar los 100.000 millones de euros del SURE, un mecanismo que tiene como objetivo ayudar a hacer frente a los costes de las medidas tomadas en el ámbito laboral; la facilidad de crédito del MEDE, que asciende a 240.000 millones de euros; y los 25.000 millones de euros en garantías del BEI.
La magnitud de los diferentes mecanismos que se están diseñando a nivel europeo lo hace evidente: Europa está dando un paso adelante y, previsiblemente, su liderazgo económico y político aumentará.
Una mayor capacidad de influencia de las instituciones europeas en la promoción y aceleración del cambio económico ayudará a reducir la vulnerabilidad de los países, crear puestos de trabajo de calidad y reforzar la cohesión social.
Ahora bien, la mayor responsabilidad que adquiere la administración europea al aumentar los recursos dedicados a luchar contra la crisis viene acompañada de una mayor capacidad de decisión sobre su utilización.
Desde el Cercle d’Economia creemos que es bueno que los fondos europeos vayan acompañados de mecanismos que incentiven la implementación de las reformas estructurales que España necesita desde hace mucho tiempo. Esto no es ceder soberanía. Es favorecer la co-gobernanza a diferentes niveles para ser más eficientes.
Además, hay que tener presente que, aunque el plan de reconstrucción europeo se plantea como una medida puntual para hacer frente a la situación actual, puede acabar convirtiéndose en un primer paso para mejorar la arquitectura institucional europea, con el desarrollo de instituciones fiscales para contrarrestar grandes shocks económicos. Si finalmente la capacidad de gasto a nivel europeo hace este paso de gigante, en parte mediante la emisión de eurobonos, representará un recurso con el que podríamos contar cuando vuelvan a venir tiempos difíciles. Para hacerlo posible, ahora deberíamos demostrar que lo utilizamos de manera inteligente y efectiva. Este instrumento, sin duda, podría ser el gran legado de esta crisis. Además, aliviaría la presión sobre el Banco Central Europeo, contribuyendo a mantener la independencia y credibilidad. Por otra parte, la emisión de eurobonos podría dar un impulso definitivo al euro para que se convierta en una moneda de referencia a nivel internacional y a la Unión Europea para que salga más reforzada.
IV. España y la transformación de su modelo económico
La economía española no se encuentra en la mejor posición para poder hacer frente a la crisis. En parte, porque la deuda pública es muy elevada y, por tanto, la capacidad de reacción es limitada.
En 2008, la deuda pública se encontraba al 36% del PIB, y esto permitió que los estabilizadores automáticos funcionaran a pleno rendimiento durante años, y que se pudiera llevar a cabo una política fiscal expansiva de manera sostenida. Así, en el año 2014, cuando se inició la recuperación económica, la deuda pública había aumentado y se situaba en torno al 100% del PIB. En la conciencia colectiva ha calado el mensaje que estos años estuvieron dominados por los recortes y la austeridad, pero las cifras muestran el importantísimo papel que, con la ayuda de Europa, jugó el sector público para hacer frente a la crisis. No hemos conseguido aprovechar los 6 últimos años de crecimiento ininterrumpido para sanear las finanzas públicas y rehacer la capacidad de reacción. Ciertamente, el reto no era fácil dada la elevada tasa de paro, y no es momento de lamentarse, pero sí de reflexionar sobre qué hubiéramos podido hacer mejor.
Así pues, la grave crisis económica y social que vivimos nos obliga a utilizar todos los recursos disponibles, y el escaso margen de maniobra del que disponemos nos exige utilizarlos con la máxima eficacia.
No nos podemos equivocar, ni en el fondo ni en la forma. La experiencia nos demuestra que debemos ser particularmente cuidadosos. El margen de mejora es muy amplio; así lo ilustra el índice de calidad de la gobernanza que elabora el Banco Mundial, que sitúa la efectividad y la calidad de las políticas públicas españolas en la posición 39 del ranking global. Desde que se inició la recuperación en el año 2014 se ha retrocedido 8 posiciones.
Es pues imprescindible tomar medidas para mejorar la asignación de recursos, asegurarnos de que su distribución se hace siguiendo las mejores prácticas internacionales, que se lleva a cabo de una manera transparente, bajo criterios expertos previamente establecidos, y haciendo un seguimiento de su regreso, tanto social como económico.
Apelamos, pues, a la creación de una agencia independiente de evaluación de los proyectos.
Esta agencia debería establecer los criterios de selección de los proyectos y evaluación de los mismos que deberían ser presentados por las partes interesadas -incluyendo el sector público- de forma competitiva. Y debemos asegurarnos de que los proyectos que se financiarán contribuyan a aumentar la productividad de la economía española. Apelamos, al fin y al cabo, a que los criterios que se tengan en cuenta sean objetivos y de competencia técnica, no partidistas con la mirada puesta en el corto plazo, y que sean elegidos en última instancia por un grupo reducido de expertos profesionales independientes.
La transformación económica, finalmente, no pasa por una mayor concentración territorial y corporativa. Pasa por una economía más diversificada, descentralizada, basada en ecosistemas o clústers creados desde el aumento de las conexiones, la mejora de la colaboración y la intensificación de la cooperación.
España debe aprovechar esta oportunidad, quizás la última, para levantar la productividad y distribuir sus beneficios. No basta con la descentralización administrativa. Se debe descentralizar también de manera real la actividad económica de alto valor añadido si queremos evitar fenómenos que están en la base de posicionamientos iliberales y populistas.
España no se puede permitir acentuar la deriva centralizadora que sufre desde hace décadas.
Ya lo alertó el Cercle d’Economia en 2001, y esta tendencia, lejos de corregirse, se ha acentuado en los últimos años, incluyendo una visión radial de las infraestructuras y diferentes tratos fiscales dentro del territorio español, con consecuencias políticas y económicas para el conjunto de España. ¿Cómo sería España, por ejemplo, si hace 20 años hubiéramos ejecutado el corredor mediterráneo, con todos sus efectos colaterales sobre la industria? Tenemos una oportunidad de oro para enderezar esta situación, para impulsar el crecimiento de la productividad distribuyendo mejor los recursos en sectores que hagan de tractores futuros. Esta es, también, la urgencia del momento, porque Cataluña es un motor importante para la reactivación económica de España. De aquí 20 años, el Cercle d’Economia no debería escribir otra nota de opinión repitiendo este diagnóstico.
Más allá de la selección de proyectos y la evaluación de las políticas públicas, también habrá que afinar muy bien el enfoque de la política económica. A medida que aprendamos a convivir con el virus y la actividad económica se vaya recuperando, las medidas de protección deben concentrarse en los colectivos y empresas más directamente afectados por la epidemia, y el foco de la acción de política económica debe ir transitando hacia políticas que permitan transformar y relanzar la economía.
Habrá que encontrar complementariedades entre la necesidad de reactivar la capacidad instalada a corto plazo y la necesidad inaplazable de transitar hacia una economía más innovadora, digitalizada, que apueste decididamente por un aumento de la productividad invirtiendo en proyectos de futuro relacionados, por ejemplo, con la industria, la economía circular, la digitalización, las ciencias de la vida y todo el sector del ocio y de la cultura.
Estos son, a grandes rasgos, los ámbitos que definirán la economía del mañana, y en todos ellos hay empresas punteras en España en diferentes sectores. Así pues, habrá que identificar bien los clusters económicos en los que el potencial de estas intervenciones es más elevado, con una visión de futuro, e impulsar los elementos básicos para su desarrollo. Seleccionando sectores con visión transversal, integradora. Haciendo que esta distribución de la productividad llegue también a las pymes, los autónomos y los emprendedores. Llevar a cabo esta tarea de manera rápida y efectiva no será fácil, y habrá que sumar esfuerzos, entre el sector público y el sector privado. Este proceso de transformación económica conllevará una reconversión laboral amplia y profunda. Así pues, para activarlo, también se deberán reforzar las políticas educativas, de formación de los trabajadores, y las políticas activas de empleo, para asegurar que todos disponemos de las competencias necesarias para desarrollarnos profesionalmente en el nuevo contexto.
¿Y Cataluña?
Durante los últimos años Cataluña ha perdido tiempo y ambición. Entre el 2000 y el 2018, el crecimiento de la renta per cápita ha sido claramente inferior al de Madrid, y también inferior al del conjunto de España. A nivel europeo, la competitividad de Cataluña también ha retrocedido, y mucho. Según el índice de competitividad regional elaborado por la Comisión Europea ha perdido casi 60 posiciones desde 2010, y ahora está muy alejada de la Comunidad de Madrid. Las causas son múltiples, complejas y van más allá del alcance de esta nota, pero incluyen el ya mencionado centralismo de la actividad económica y la infrafinanciación recurrente de Cataluña, como el Cercle ya hizo constar en su Nota de Opinión del 2018"Propuestas para modificar el autogobierno de Cataluña y el funcionamiento del modelo territorial de Estado", en la que se incidía en la necesidad de una reforma del modelo actual de financiación autonómica con el objetivo de hacerlo más eficiente y equitativo.
Ahora toca reaccionar. La reconstrucción económica y social exige colaborar y cooperar. Colaborar con los gobiernos, especialmente el español, y cooperar con las empresas. Tanto el aislamiento como el centralismo alimentan un marco mental que no sirve para los retos del presente.
Aún estamos a tiempo. El potencial económico y social de Cataluña sigue siendo muy elevado. En Cataluña se siguen combinando una
gran capacidad de generación de conocimiento y de atracción de talento nacional e internacional; unas infraestructuras tecnológicas y logísticas avanzadas; clusters de empresas en ámbitos llamados a liderar el proceso de la transformación económica que ya se está empezando a producir, como son la digitalización, la movilidad, las ciencias biomédicas y las energías renovables. Hay que tener presente que no puede haber cohesión social ni bienestar sin una economía dinámica y productiva.
Es urgente e imprescindible reaccionar y volver a sumar esfuerzos, desde todos los ámbitos, político, empresarial y social. La responsabilidad es compartida y la urgencia del momento lo hace imprescindible.
Además, la crisis actual y las políticas económicas que se implementarán para hacerle frente acelerarán la transformación económica de aquellas zonas mejor preparadas y que compiten directamente con Cataluña.
A este tren todavía podemos subir. Apelamos, por tanto, al Govern de la Generalitat que salga elegido en las próximas elecciones al Parlament de Catalunya que priorice la recuperación social y económica desde una perspectiva a medio y largo plazo. La Generalitat debe abandonar las luchas internas y poner en marcha una política económica dialogante, realista y previsible.
El plan de reactivación económica y protección social presentado por la Generalitat puede ser un buen punto de partida. Pero los próximos meses habrá que generar consensos amplios y rehacer complicidades, entre las diferentes fuerzas políticas, los agentes sociales y también la iniciativa privada. Para volver a atraer y retener inversiones y talento es imprescindible volver a generar un entorno de confianza. Y también es fundamental disponer de un entorno fiscal como mínimo competitivo a nivel estatal.
Cataluña puede ser un actor destacado de la nueva economía si se lo propone. Ahora se nos presenta una oportunidad única para poner las bases de una economía catalana más industrial, digital, productiva y sostenible, que garantice más bienestar y más oportunidades para todos en el futuro. Habrá que reforzar nuestro sistema sanitario para seguir siendo centros de referencia. Habrá que llevar a cabo proyectos ambiciosos y transformadores relacionados con la economía verde, la movilidad y la
sostenibilidad, la eficiencia energética, proyectos para digitalizar nuestras pymes y nuestra administración, para impulsar la inteligencia artificial, la biotecnología y para reforzar los centros de I + D e infraestructuras científicas como el Supercomputador. Cataluña debe aspirar a liderar la expansión y la transformación de la industria con proyectos de país innovadores y transversales.
La misma co-gobernanza leal entre Europa y España deberá darse entre España y Cataluña a la hora de acceder a los fondos europeos.
Por lo tanto, desde Cataluña se tendrán que hacer los deberes y presentar proyectos concretos de excelencia que meriten los recursos.
Todo esto requerirá mucha energía, determinación, pragmatismo, focalización y colaboración leal público-privada. Pedimos que no se haga política partidista en la búsqueda de estos objetivos. Si no somos capaces de activarnos y acceder a los recursos necesarios para avanzar en un cambio de modelo productivo por disputas internas o electorales, no nos lo podremos perdonar. Cataluña no se puede permitir seguir cautiva de una parálisis política que tiene consecuencias en múltiples dimensiones de la vida del país. También la económica. Es el momento de mirar adelante.
Al mismo tiempo, y con la misma firmeza, apelamos al sector privado a que vuelva a apostar por nuestro país, con inversiones y proyectos concretos. Con ambición y confianza en el potencial de Cataluña. Con colaboración, siendo conscientes de la dimensión de nuestras empresas y, por tanto, cooperando en proyectos de manera más transversal. El sector público no puede llevar a cabo el reto que se nos plantea solo y, por tanto, la colaboración público-privada será clave. La urgencia del momento nos tiene que hacer salir de la zona de confort a todos. No tenemos alternativa.
