Más allá de las consecuencias económicas de la crisis provocada por la Covid-19, parece cada vez más claro que esta tendrá, también, derivadas de carácter político, social, cultural, educativo o científico que condicionarán nuestra manera de vivir y de entender un mundo, que, tal como lo habíamos conocido hasta ahora, se desvanece. Este puede ser un buen momento para repensar y priorizar aquellos aspectos vitales para el desarrollo sostenible y el progreso de nuestras sociedades.
El Cercle d’Economia continua la conversación con destacados actores de nuestro entorno para tratar de reflexionar y aportar ideas sobre lo que está pasando y cómo se van configurando, desde este momento, las opciones para construir el día siguiente.
Una oportunidad para nuestro modelo de bienestar
Ariane Aumaitre, Investigadora en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la European University Institute in Florence.
La crisis causada por la Covid-19 está poniendo a prueba no sólo nuestro sistema sanitario, sino también los mecanismos de nuestro Estado de Bienestar. En un período de tiempo muy reducido, gran parte de nuestra economía ha entrado en estado de hibernación, mientras que miles de personas han perdido sus fuentes de ingresos, demandando al Estado una respuesta rápida, contundente y con el mayor alcance posible.
Ante esta situación, la respuesta social se ha articulado, principalmente, a través de medidas relacionadas con el desempleo y, en particular, a través del uso de los ERTEs, si bien se han incluido también medidas para grupos más específicos (fijos discontinuos, algunos contratos temporales, personal doméstico o autónomos). Optar por esta vía ha permitido al Estado cumplir uno de los objetivos principales: el de la rapidez; pero corre el riesgo de ir en detrimento de lograr el mayor alcance posible.
España cuenta con un mercado laboral especialmente dualizado, con una alta incidencia de contratos temporales y una elevada precariedad, situaciones que afectan precisamente a los trabajadores con menores ingresos. En este contexto, basar la respuesta social a la crisis en medidas de desempleo, aunque se flexibilicen las condiciones de acceso a las mismas, podría dejar atrás, precisamente, a algunos colectivos especialmente vulnerables.
El ejemplo más claro es el de los trabajadores temporales sin derecho a desempleo: si bien el gobierno ha creado una prestación para aquellos con un contrato temporal de más de dos meses que haya terminado durante el estado de alarma, en España un 42% de los contratos temporales tienen una duración de menos de un mes. Existen, además, trabajadores cuyo contrato terminó previamente al estado de alarma, sin derecho a desempleo, y que ahora no pueden buscar otro trabajo.
Por sectores económicos, encontramos una preocupante relación negativa entre el riesgo de paralización de una profesión a causa de la Covid y la renta media de los mismos. Así, según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, los trabajadores de las tres profesiones con un mayor riesgo de paralización económica -construcción, hostelería y personal doméstico- se encuentran por debajo de la renta disponible media en España. Hay indicios para creer, por tanto, que las consecuencias de la crisis podrían ser más duras para aquellos colectivos más vulnerables de partida. Para estos grupos, incluso el 70% de ingresos que mantendrían en caso de ERTE podrían suponer una situación de estrés económico añadido y con posibles consecuencias a largo plazo.
“Por sectores económicos encontramos una preocupante relación negativa entre el riesgo de paralización de una profesión a causa de la Covid y la renta media de los mismos.”
¿Qué alternativas de políticas públicas podrían proporcionar una protección igual de rápida, pero también inclusiva? Algunos países como Canadá han optado por prestaciones de carácter cuasi universal, mediante un pago de 1.300€ al mes durante cuatro meses para todos aquellos que hayan perdido su empleo o fuente de ingresos a causa de la pandemia.
En esta línea, el economista Toni Roldán proponía para España una renta de 1.000€ al mes durante tres meses para todas las personas en edad de trabajar, que sería recuperada por el Estado en 2021 en caso de que estas personas no hubiesen perdido sus ingresos. Este tipo de medidas permiten alcanzar a casi toda la población y hacerlo de forma rápida al reducir los condicionantes.
El gobierno, por su parte, ha optado por una opción que piensa ya en el largo plazo: la aprobación del Ingreso Mínimo Vital ha supuesto un cambio casi sin precedentes en nuestro modelo de bienestar, al tratarse de una medida no basada en contribuciones y diseñada específicamente para las familias más vulnerables. Si bien no se trata de una medida para la pandemia, no cabe duda de que ayudará a atenuar el impacto económico de la misma entre aquellas personas no alcanzadas por otras medidas.
“La aprobación del Ingreso Mínimo Vital ha supuesto un cambio casi sin precedentes en nuestro modelo de bienestar.”
No se trata necesariamente de avanzar hacia un sistema de protección social más generoso, sino de adaptar sus prestaciones a las necesidades de la sociedad. Este no es un reto nuevo para nuestro Estado de Bienestar, pero sí una necesidad acentuada en un momento en el que una cantidad de población sin precedentes en democracia está necesitando una red de seguridad. Tal vez sea en este momento, en el que grandes respuestas son necesarias, cuando pueda abrirse una ventana de oportunidad para avanzar hacia un sistema social más eficiente, pero también más inclusivo.
