Más allá de las consecuencias económicas de la crisis provocada por la Covid-19, parece cada vez más claro que esta tendrá, también, derivadas de carácter político, social, cultural, educativo o científico que condicionarán nuestra manera de vivir y de entender un mundo, que, tal como lo habíamos conocido hasta ahora, se desvanece. Este puede ser un buen momento para repensar y priorizar aquellos aspectos vitales para el desarrollo sostenible y el progreso de nuestras sociedades.
El Cercle d’Economia continua la conversación con destacados actores de nuestro entorno para tratar de reflexionar y aportar ideas sobre lo que está pasando y cómo se van configurando, desde este momento, las opciones para construir el día siguiente.
Viejas grietas, nuevos retos
Sandra León, Investigadora Talento Sénior de la Universidad Carlos III de Madrid
Estos días se mide la capacidad de respuesta de cada país ante la pandemia de coronavirus atendiendo a la calidad de su sistema sanitario y de la red de asistencia social, reflejada en indicadores como el número de profesionales sanitarios o la ratio de camas de cuidados intensivos por habitante. Sin embargo, las condiciones políticas, institucionales y el grado de fractura social también forman parte de las fortalezas y debilidades con las que cuenta un país para hacer frente a esta crisis. En este sentido, la sociedad española ha recibido la epidemia sin haberse recuperado de los efectos que dejó la Gran Recesión y la subsiguiente crisis política: alta desconfianza hacia las instituciones, fracturas sociales que la recuperación económica no consiguió cerrar y un debate político polarizado.
Respecto a la valoración de las instituciones, la epidemia aparece en un momento en el que los niveles de confianza hacia el parlamento, el gobierno, los partidos políticos y la satisfacción con la democracia siguen estando por debajo de los anteriores al 2008, según datos del Eurobarómetro. Si pensamos que la desconfianza erosiona la legitimidad de las instituciones, resulta sorprendente el grado de cumplimiento de las reglas de confinamiento por parte de la sociedad española.
Por lo que a la fractura social se refiere, llueve sobre mojado. La recuperación que comenzó a mitad de la pasada década no consiguió cerrar la brecha de desigualdad abierta por la crisis económica y las medidas aplicadas para superarla. Aunque a principios de 2017 la valoración de la situación económica regresaba a los niveles de 2008, el panorama social estaba lejos de parecerse al de antes de la crisis: había nacido un nuevo sector de empleados, los trabajadores pobres, cuyo número crecía, aunque se creara empleo; la devaluación interna había aumentado las desigualdades salariales y el descenso de la renta disponible se traducía en un aumento de la población en riesgo de pobreza y exclusión.
“Combatir la fractura social requiere de una acción política contundente, consensuada y sostenida en el tiempo.”
Al trabajo que quedaba por hacer para restañar las fracturas abiertas en la última década se añaden ahora las medidas que deberán paliar las consecuencias de la pandemia, cuyos efectos vuelven a incidir desproporcionadamente sobre los sectores de menores ingresos. La fractura es especialmente preocupante en los más jóvenes, pues las desventajas educativas que se acumulen durante esta etapa tendrán repercusiones en las desigualdades salariales futuras. En particular, entre los menores de familias vulnerables que ya acumulan una mayor desventaja inicial, reflejada en un mayor porcentaje de fracaso y abandono escolar.
Así, el país debe asumir un shock de unas proporciones desconocidas hasta ahora sobre unas estructuras políticas, institucionales y sociales desgastadas. La desconfianza institucional no se revertirá de la noche a la mañana, pero las condiciones políticas sí pueden cambiar para alumbrar un amplio consenso que guíe la intervención del gobierno durante la legislatura. Combatir la fractura social requiere de una acción política contundente, consensuada y sostenida en el tiempo porque la intervención pública para salir de esta crisis es de tal envergadura, que será muy difícil proyectarla si persiste la brecha política actual.
Parece evidente que, si las complicidades políticas no emergen y la acción concertada brilla por su ausencia, el país estará en peores condiciones para poner en marcha las medidas para salir de la recesión y moderar las tensiones distributivas. La crisis económica de la pasada década se transformó en una crisis de representación y el sistema de partidos acabó absorbiendo la desafección política en forma de una mayor fragmentación parlamentaria. Las consecuencias políticas de la pandemia son todavía inciertas y los datos de opinión no reflejan, de momento, grandes cambios en el tablero electoral. Pero si la coyuntura política acaba convirtiéndose en un problema para atender a los sectores de la población más afectados, las consecuencias de la pandemia acabarán repercutiendo en el sistema político. No sabemos si encumbrando a formaciones extremas, aumentando la alienación ciudadana del sistema político o la protesta social en las calles, pero en todo caso ninguno de estos escenarios favorece una mínima estabilidad para impulsar la recuperación del país.
“La salida de esta situación extraordinaria acabará encomendándose a la política ordinaria: estrategias, argumentario y pactos para conformar mayorías.”
Si el actual clima de confrontación y polarización política no puede revertirse desde la lógica de la responsabilidad, cabe esperar que al menos lo haga desde la lógica política. Es posible que la confrontación entre el gobierno central y la oposición parlamentaria disminuya a medida que los gobiernos autonómicos se involucran más intensamente en el desarrollo y gestión de los planes económicos y sanitarios en sus territorios y necesitan impulsar acuerdos con el resto de formaciones políticas para aprobarlos. Los pactos de reconstrucción en las comunidades autónomas podrían contribuir a destensar la política nacional por medio del intercambio de apoyos o de procurar la congruencia en las estrategias y en la disposición con la que se abordan las negociaciones en los distintos niveles.
En todo caso, en el mejor de los escenarios, la salida de esta situación extraordinaria acabaría encomendándose a la política ordinaria: reparto de responsabilidades, intercambio y conformación de mayorías. No será fácil si la confrontación nacional se replica en el nivel autonómico. Y se tratará de una distensión política poco estelar y churchilliana. Pero representa la única esperanza mientras la política siga sin estar a la altura de las circunstancias.
