El debate en torno al "Informe sobre las políticas activas e instrumentos de desarrollo del empleo en las Comunidades Autónomas españolas" cuenta con la participación de Antón Costas, Presidente de la Fundació Cercle d’Economia, Jordi Mercader Miró, Presidente de Miquel y Costas & Miquel, Carlos Cabrera, Director general del Institut Cerdà, José Luis Escrivá, Presidente del AIREF, Antonio Gutiérrez, Secretario general de CCOO (1987/2000) y Claudia Millán, Territory Senior Consultant en el Instituto Cerdà.
En su presentación, Antón Costas subraya "el compromiso personal de Jordi Mercader con la mejora del bien común, la mejora de la calidad de las políticas públicas y de las administraciones públicas en general. Un ejemplo que debería ser seguido por aquellos que hablan mucho de la sociedad civil activa pero que no hacen nada". Por su parte, Jordi Mercader indica que "el Observatorio sobre la ocupación es una iniciativa que pretende contribuir, desde la sociedad civil, a mejorar un área tan importante como es el esfuerzo en el empleo en un país como España, que cuenta con más de un 14% de paro", y pone de manifiesto que "hay que hablar desde la base de los hechos y los datos”.
La opacidad en la utilización de los servicios públicos esconde la propia ineficiencia
Antonio Gutiérrez
El objetivo del Informe es reunirlos y ordenarlos, estos hechos y estos datos, ver qué resultados se consiguen y cómo se rinden cuentas. El objetivo es informar, no valorar". Y los hechos, entre muchos otros, son que "las políticas de empleo supusieron entre 2007 y 2015 un gasto público de alrededor de los 55.000 millones de euros, cifra cercana al coste del rescate bancario en España (60.000 millones de euros), siendo la media de gasto de 6.100 millones de euros anuales, un 0,5% del PIB español", según Claudia Millán; que "el 40% del gasto en PAE se emplea en incentivos a la contratación, mientras que en países como Alemania estos incentivos representan menos del 20% del gasto", como indica José Luis Escrivá; o que, como señala Antonio Gutiérrez "la opacidad en la utilización de los servicios públicos esconde la propia ineficiencia", en consonancia con el mismo Informe, que destaca la "precariedad de los datos" existentes y la falta de transparencia por parte de las administraciones sobre el uso de estos 6.000 millones de euros destinados a políticas de empleo.
