Las televisiones públicas constituyen un problema olvidado en nuestro país.
Al contrario de lo que ha ocurrido en la mayoría de los países europeos, en España los gobiernos no parecen tener demasiado interés en afrontar este problema.
Aunque al final del año 1995 se alcanzó un consenso casi general entre todos los partidos en el Senado sobre la crisis del actual modelo de televisión pública y sobre la necesidad de proceder a la reforma urgente del estatuto de la radio televisión pública en España (RTVE), el hecho es que la televisión pública ha desaparecido de la agenda de problemas pendientes del gobierno.
La reciente inclusión de RTVE en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es un camino que puede resolver algunos problemas financieros pero no resolverá los problemas de fondo, dado que la reforma y, por tanto, la definición de qué televisiones públicas queremos y cómo las financiamos requerirá de un amplio consenso político y social que no puede venir por la vía de la SEPI.
