La seguridad se ha convertido en motivo de intensa preocupación ciudadana y, por ello, debe constituir uno de los ámbitos de reforma de las políticas públicas de mayor prioridad en la agenda política.
La causa de esa preocupación es que la seguridad, en su sentido más amplio, constituye un presupuesto básico de la libertad de las personas, así como del progreso social y económico de todo país.
Esta perspectiva nos conduce a contemplar esa preocupación ciudadana sobre la seguridad desde una triple vertiente. La primera se refiere a la protección de los ciudadanos y sus bienes. Esta vertiente de la seguridad es desarrollada por el aparato policial del Estado en colaboración con la Administración de Justicia. La segunda, se centra en la propia Administración de Justicia, como institución que debe garantizar la igualdad de los ciudadanos ante una justicia eficaz, predecible y reconocida socialmente. Finalmente, existe una tercera vertiente que es la seguridad jurídica relacionada con el funcionamiento de los mercados, vertiente en la que los nuevos Organismos Reguladores tienen la responsabilidad de vigilar y garantizar la competencia y la transparencia de los mercados y la protección de los derechos de todos los agentes económicos, ya sean empresas, inversores, accionistas o consumidores.
